La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, explicó los motivos por los que decidió suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Aseguró que el distrito no cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar la norma y advirtió sobre las consecuencias de incorporar más adolescentes al sistema sin recursos adecuados.
La magistrada sostuvo que no está en contra de reducir la edad de imputabilidad, pero remarcó que la medida debe implementarse con condiciones que garanticen educación, tratamiento y reinserción social para los jóvenes.
La jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, defendió públicamente la resolución que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, la decisión no responde a un rechazo de la normativa, sino a la falta de recursos e infraestructura para que pueda implementarse de manera efectiva.
“Yo aplico la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”, expresó la magistrada.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
Durante sus declaraciones, Pascual sostuvo que la nueva legislación, en las condiciones actuales, no resolverá los problemas de inseguridad.
La jueza aclaró que no se opone a debatir una baja en la edad de imputabilidad, pero consideró indispensable que el sistema cuente previamente con espacios adecuados para alojar y acompañar a los adolescentes que ingresen al régimen.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó al cuestionar la implementación de la norma sin una estructura preparada para atender la nueva demanda.
Advirtió sobre las consecuencias del encierro sin tratamiento
Pascual también respondió a quienes criticaron su decisión y rechazó la idea de que su postura implique desconocer la gravedad de los delitos cometidos por menores.
“No romantizo a los chicos que salen con un arma”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que un adolescente privado de la libertad sin acceso a educación, capacitación laboral o tratamiento psicológico puede terminar profundizando su situación.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, manifestó.
Defendió su postura desde la experiencia personal
La magistrada también respondió a quienes la acusaron de estar alejada de la realidad cotidiana.
“Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquila”, expresó.
Con esa frase buscó dejar en claro que comparte la preocupación social por la inseguridad, aunque insistió en que una reforma penal requiere recursos suficientes para cumplir con los objetivos de reinserción y prevención del delito.
Mientras tanto, la suspensión judicial mantiene en pausa la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense durante el plazo establecido por la resolución.