El diputado provincial Luis Federico Canedi, presidente del bloque La Libertad Avanza, elaboró una iniciativa para promover la construcción de viviendas mediante financiamiento preferencial destinado a desarrolladores inmobiliarios. El esquema contempla créditos por hasta el 50% de la inversión elegible y beneficios impositivos provinciales.
La propuesta busca ampliar la oferta habitacional a través de inversiones privadas y establece que al menos el 25% de las unidades construidas se reserve para su comercialización preferencial a empleados públicos provinciales.
El proyecto, denominado Régimen de Impulso y Financiamiento Preferencial a la Inversión Inmobiliaria Privada en Vivienda (PRO.CO.VI.F), plantea crear un programa de fomento y un fondo fiduciario de garantía recíproca para facilitar el desarrollo de emprendimientos residenciales en Jujuy. La iniciativa propone un modelo de articulación entre el Estado, las entidades financieras y las empresas constructoras, con el objetivo de estimular nuevas obras sin que la Provincia asuma directamente su comercialización.
A diferencia de los programas tradicionales de vivienda pública, los créditos previstos en el régimen estarían destinados exclusivamente a desarrolladores inmobiliarios y no a compradores particulares. Las empresas beneficiarias serían responsables de ejecutar los proyectos, establecer los precios de venta, seleccionar a los adquirentes y asumir los riesgos comerciales, incluidos los posibles incumplimientos de pago y las unidades que no logren venderse.
Para acceder al sistema, los emprendimientos deberán acreditar una inversión mínima equivalente a 500.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), contar con un plazo de ejecución que no supere los 36 meses y presentar proyectos edilicios de al menos dos niveles. También se exigirá documentación técnica aprobada, antecedentes suficientes para ejecutar las obras y un aval o preacuerdo con una entidad financiera habilitada por el Banco Central.
Créditos en UVA y beneficios impositivos
El texto establece que el financiamiento preferencial podrá cubrir hasta la mitad del costo elegible de cada emprendimiento. Los préstamos se calcularán en UVA y la tasa de interés será determinada por el Poder Ejecutivo provincial mediante la reglamentación. Además, se prevén mecanismos de mitigación o ampliación de plazos cuando la evolución de las UVA supere determinados parámetros salariales, aunque sus condiciones específicas también quedarían sujetas a reglamentación.
Entre los incentivos propuestos figuran una estabilidad fiscal provincial durante diez años, la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros cinco años y una reducción del 50% entre el sexto y el décimo. También se contemplan exenciones del Impuesto de Sellos y de tasas registrales para operaciones vinculadas con los desarrollos habitacionales.
El proyecto invita, además, a los municipios y comisiones municipales a adherir mediante beneficios sobre tasas y derechos de edificación. Para agilizar las autorizaciones, propone un procedimiento administrativo preferencial con un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver determinadas factibilidades técnicas, ambientales e hídricas. La falta de respuesta dentro de ese período no implicaría una aprobación automática.
Garantías con recursos provinciales y acceso para empleados públicos
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un fondo fiduciario administrado por Fiduciaria Jujuy S.A.U. El artículo 11 contempla autorizar al Poder Ejecutivo a afectar o ceder, como garantía contingente, recursos provenientes de la coparticipación federal, regalías mineras y utilidades de sociedades estatales para respaldar la liquidez del sistema.
Si bien el proyecto establece que los riesgos comerciales de cada emprendimiento deberán recaer sobre el desarrollador privado, el mecanismo de garantías abre una dimensión fiscal diferente, ya que permitiría comprometer determinados recursos provinciales para respaldar obligaciones del fondo.
En cuanto a los compradores, la reserva mínima del 25% para agentes públicos no implica adjudicación gratuita ni acceso automático a una vivienda. Las operaciones continuarían sujetas a las condiciones comerciales y crediticias correspondientes. El texto también habilita un sistema voluntario de descuento de cuotas por recibo de sueldo, dentro de los límites legales de afectación salarial.
La iniciativa contiene 19 artículos y prevé que, en caso de convertirse en ley, el Poder Ejecutivo disponga de 60 días corridos desde su promulgación para reglamentarla. Hasta el momento, la documentación analizada no permite establecer si el proyecto recibió estado parlamentario o cuándo podría comenzar su tratamiento.