La situación de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia intimara formalmente a la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) a cumplir estrictamente las condiciones impuestas para su detención. El tribunal advirtió que podría revocar el beneficio y disponer su traslado a una cárcel común en caso de registrarse nuevos incumplimientos.
La medida fue adoptada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien señaló que las reiteradas manifestaciones realizadas frente a la vivienda de la ex mandataria, ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, generan situaciones incompatibles con las reglas establecidas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
La resolución judicial se produjo tras los incidentes registrados durante el último fin de semana, cuando simpatizantes de Cristina Kirchner realizaron un “banderazo” frente al edificio donde reside.
Durante la protesta se registraron cortes de calles, concentración de personas y diversas expresiones de apoyo a la ex mandataria, generando complicaciones en la circulación y en la vida cotidiana de los vecinos de la zona.
Según trascendió, la Justicia considera que Cristina Kirchner tuvo una participación activa en la convocatoria al exhibir una bandera de grandes dimensiones que atravesaba la calle y se encontraba sostenida mediante cables entre su balcón y un edificio ubicado enfrente.
El juez entendió que las manifestaciones reiteradas afectan la convivencia vecinal y alteran el orden público en el sector donde se cumple la detención domiciliaria.
Además, se remarcó que la instalación de estructuras sobre la vía pública y la realización de este tipo de actividades requieren autorizaciones específicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que algunos de los hechos podrían encuadrarse dentro de infracciones o contravenciones locales.
Desde la Justicia sostienen que las condiciones de la prisión domiciliaria exigen preservar la tranquilidad del entorno y evitar situaciones que puedan generar conflictos o alteraciones en el espacio público.
La advertencia judicial se apoya en el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, norma que faculta al magistrado a revocar el beneficio de la prisión domiciliaria cuando se registran incumplimientos injustificados de las condiciones impuestas.
En ese marco, Giménez Uriburu dejó asentado que, si vuelven a producirse situaciones similares, Cristina Kirchner podría perder el régimen de detención domiciliaria y ser trasladada a un establecimiento penitenciario común.
Por el momento, la ex presidenta continuará cumpliendo la medida en su domicilio de Constitución, aunque bajo la advertencia expresa de la Justicia de respetar estrictamente las reglas establecidas para su permanencia fuera de una unidad carcelaria.