El Gobierno nacional retomó este jueves las negociaciones por el Presupuesto 2027 con los bloques aliados de la Cámara de Diputados, en busca de los votos necesarios para avanzar con el proyecto. La Libertad Avanza convocó a representantes de distintas fuerzas políticas para analizar modificaciones vinculadas con recursos provinciales, universidades, discapacidad e impuestos.
El oficialismo pretende conseguir dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. Sin embargo, los pedidos de cambios presentados por sus potenciales aliados mantienen abiertas las conversaciones y todavía no existe un acuerdo definitivo.
El tratamiento del Presupuesto 2027 en Argentina entró en una etapa de negociaciones decisiva para el oficialismo. La reunión convocada para este jueves contempla la participación de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Provincias Unidas, Argentina Federal y otros espacios provinciales.
Las conversaciones están encabezadas por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. El objetivo es responder a los planteos que los bloques dialoguistas formularon sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Entre los reclamos aparecen la distribución de recursos para las provincias, el financiamiento de obras viales y las partidas destinadas a universidades y personas con discapacidad. También se discuten modificaciones impositivas, entre ellas una reducción de la alícuota aplicada a determinados productos avícolas y cambios relacionados con los combustibles.
Los pedidos de los aliados y las diferencias con la oposición
El PRO sostiene la necesidad de aprobar un presupuesto que mantenga el equilibrio fiscal, pero reclama incorporar modificaciones vinculadas con impuestos, concesiones viales y mecanismos de control del gasto. El radicalismo insiste en las partidas para infraestructura y educación universitaria, mientras que otros bloques plantean la necesidad de garantizar recursos para programas de discapacidad.
Las fuerzas provinciales también buscan respuestas sobre la distribución de fondos nacionales. Entre sus cuestionamientos figura el destino de recursos provenientes de determinados impuestos y su impacto sobre el financiamiento de obras y servicios en las distintas jurisdicciones.
Por otra parte, Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda mantienen diferencias con la propuesta oficial y trabajan sobre alternativas parlamentarias. Sus planteos incluyen mayores asignaciones para salud, jubilaciones, educación y políticas sociales.
El oficialismo analiza la posibilidad de llevar el Presupuesto al recinto el 18 o el 25 de noviembre, aunque esas fechas dependen de los acuerdos que puedan alcanzarse previamente. La obtención de un dictamen tampoco garantizaría la aprobación definitiva, ya que el proyecto deberá reunir los votos necesarios durante su tratamiento legislativo.
El resultado de las negociaciones será relevante para las provincias, que dependen en distinta medida de transferencias nacionales y de decisiones presupuestarias relacionadas con infraestructura, educación y otros servicios públicos.