A poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, informó que nueve adolescentes fueron denunciados dentro de la franja etaria incorporada por la normativa y que solamente uno recibió una imputación formal.
El primer balance también expuso los desafíos que enfrenta la provincia para aplicar la legislación, especialmente en las localidades del interior. Las autoridades judiciales trabajan en la capacitación policial, la adecuación de establecimientos y la implementación de procedimientos especializados.
La Ley Penal Juvenil en Jujuy registró nueve adolescentes denunciados y uno imputado durante su primer mes de aplicación, según informó el procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, en declaraciones difundidas este miércoles 14 de octubre.
El funcionario presentó las primeras cifras del régimen que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026 y que establece un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años.
Bossatti explicó que el sistema judicial provincial ya contaba con fiscales especializados en causas que involucran a menores de edad, aunque la incorporación de una nueva franja etaria exige ajustes en los procedimientos y en la infraestructura disponible.
El procurador consideró que las cifras iniciales no evidencian un incremento significativo de casos, aunque todavía resulta prematuro establecer tendencias a partir de un período tan breve
Qué establece la nueva Ley Penal Juvenil
La Ley Nacional 27.801 modificó el régimen de responsabilidad penal juvenil y estableció que los adolescentes pueden ser considerados penalmente responsables desde los 14 años.
Anteriormente, la edad mínima de punibilidad era de 16 años. Con la reforma, el sistema incorpora a adolescentes de 14 y 15 años que antes no podían recibir una sanción penal bajo el régimen general.
La legislación contempla procedimientos especializados que deben respetar las garantías judiciales y los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes.
Entre ellos se encuentran el derecho a la defensa, a ser escuchados y a participar en las decisiones judiciales que los involucren.
La intervención penal debe considerar la edad del adolescente y las circunstancias particulares del caso, dentro de un sistema diferenciado del aplicable a las personas adultas.
La Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy difundió información sobre los cambios introducidos por la normativa y los derechos que deben garantizarse durante los procedimientos.
Nueve denuncias no significan nueve delitos comprobados
Uno de los aspectos centrales del balance presentado por Bossatti es la diferencia entre la cantidad de adolescentes denunciados y aquellos que recibieron una imputación formal.
Durante el primer mes, las autoridades registraron nueve adolescentes denunciados dentro de la nueva franja etaria alcanzada por la ley. De ese total, solamente uno fue imputado.
Una denuncia implica que se puso en conocimiento de las autoridades un posible hecho delictivo. No significa, por sí misma, que la persona denunciada haya cometido un delito.
La imputación, en cambio, supone que existe una atribución formal de participación en un hecho investigado. Tampoco equivale a una condena.
Por lo tanto, los datos difundidos no permiten afirmar que nueve adolescentes cometieron delitos ni que el único imputado haya sido declarado culpable.
El procurador señaló que el sistema deberá continuar adaptándose a las nuevas exigencias y que podrían introducirse modificaciones en su funcionamiento a medida que avance la implementación.
Los desafíos para aplicar la ley en el interior de Jujuy
Uno de los problemas identificados por las autoridades judiciales está relacionado con la intervención policial y judicial en localidades alejadas de San Salvador de Jujuy.
En algunos puntos de la provincia no existen establecimientos especializados para alojar temporalmente a adolescentes involucrados en procedimientos penales.
Bossatti explicó que la Secretaría de Seguridad trabaja en la capacitación del personal policial para garantizar intervenciones acordes con las exigencias del nuevo régimen.
También señaló que, dependiendo de la gravedad del hecho investigado, pueden evaluarse alternativas a la privación de libertad, entre ellas medidas de supervisión bajo responsabilidad de padres o familiares.
En paralelo, las autoridades avanzan en el acondicionamiento de la Unidad 5 y en la preparación de espacios de acogida adecuados para adolescentes.
Estas medidas forman parte del proceso de adaptación institucional que requiere la aplicación de la legislación nacional en todo el territorio provincial.
La Defensoría advirtió sobre las diferencias entre las provincias
La defensora general de Jujuy, María Gabriela Burgos, también participó del análisis sobre el funcionamiento del nuevo régimen.
La funcionaria consideró necesaria una actualización de la legislación penal juvenil, teniendo en cuenta que el sistema anterior tenía su origen en una normativa sancionada durante la última dictadura militar.
Sin embargo, advirtió que la implementación de la reforma debe contemplar las condiciones particulares de cada jurisdicción.
Burgos planteó que la estructura prevista por la legislación nacional no siempre coincide con los recursos, las instituciones y las necesidades de las provincias del interior.
En ese sentido, señaló que Jujuy ya contaba con mecanismos especializados para abordar situaciones que involucran a adolescentes, pero que la ampliación de la responsabilidad penal genera nuevas demandas.
La defensora también destacó la importancia de fortalecer las políticas de prevención mediante el trabajo coordinado entre la Justicia, Educación, Desarrollo Humano y otras áreas del Estado.
Qué sigue después del primer mes de aplicación
El primer balance permite conocer cuántos adolescentes fueron denunciados e imputados desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, pero todavía no alcanza para evaluar sus efectos a largo plazo.
Las autoridades deberán continuar con la adecuación de establecimientos, la capacitación del personal y la coordinación entre los organismos judiciales, policiales y de protección de derechos.
También será importante observar la evolución de las denuncias, las decisiones judiciales y las medidas adoptadas en cada caso.
Por ahora, el dato confirmado es que durante el primer mes de implementación se registraron nueve adolescentes denunciados y uno imputado en Jujuy, mientras continúa el proceso de adaptación del sistema judicial provincial.