El Ministerio de Justicia de la Nación determinó que las irregularidades detectadas en el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N.º 12 de Rosario provocaron un perjuicio fiscal estimado en $82.557.801,47, más los intereses correspondientes. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 559/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La investigación administrativa estableció la responsabilidad disciplinaria del exencargado Alejo Uribe Escobar por incumplimientos relacionados con el depósito de fondos que correspondían al Estado nacional. El funcionario había renunciado durante la tramitación del expediente, aunque esa decisión no impidió que continuaran las actuaciones.

Las irregularidades en un registro automotor de Rosario derivaron en una resolución del Ministerio de Justicia que declaró la responsabilidad disciplinaria de su antiguo titular y cuantificó el perjuicio económico ocasionado al Estado.
El caso corresponde al Registro Seccional N.º 12 de la ciudad santafesina, que estuvo a cargo de Alejo Uribe Escobar. La investigación comenzó en 2024, después de que se detectaran inconsistencias en el manejo de los fondos recaudados por la dependencia.
De acuerdo con las actuaciones administrativas, el extitular incumplió la obligación de depositar de manera íntegra y dentro de los plazos establecidos los remanentes de recaudación correspondientes a marzo, abril y mayo de 2024.
La normativa establece que esos importes deben ser transferidos a la administración central dentro de los dos días hábiles posteriores a la finalización de cada mes.
El sumario concluyó que se habían retenido indebidamente fondos pertenecientes al Estado nacional, lo que permitió calcular un perjuicio fiscal de $82.557.801,47. La cifra deberá actualizarse con los intereses que correspondan al momento de su recuperación.
La renuncia no impidió la resolución del sumario
Uribe Escobar presentó su renuncia al cargo durante el desarrollo de la investigación. Sin embargo, el Ministerio de Justicia consideró que su salida de la función no impedía continuar el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.
En su defensa, el exencargado cuestionó la validez de las actuaciones, sostuvo que no había podido ejercer plenamente su derecho de defensa y planteó que existía una persecución política en su contra.
La resolución rechazó esos argumentos después de evaluar la documentación y las pruebas incorporadas al expediente.
Como el funcionario ya no ocupaba el cargo, el Ministerio declaró que, de haber permanecido en funciones, le habría correspondido la sanción de remoción. Esa conclusión deberá quedar asentada en su legajo personal.
La decisión administrativa no equivale a una condena penal. La eventual existencia de delitos y las responsabilidades que pudieran derivarse de ellos deberán determinarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.
