El Gobierno nacional anticipó que apelará la resolución judicial que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que su implementación compromete el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
Mientras el oficialismo prepara la estrategia judicial, el fallo del juez Martín Cormick reavivó el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales y motivó el respaldo de gremios docentes y autoridades académicas.
El Gobierno confirmó que recurrirá la decisión judicial
Un funcionario de primera línea del Gobierno aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que el oficialismo presentará una apelación contra el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para continuar la discusión en los tribunales mientras sostiene que la aplicación de la norma afecta el objetivo de mantener el superávit fiscal.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que el cumplimiento inmediato de la ley implicaría un incremento del gasto público incompatible con la política económica impulsada por el Gobierno.
El rol del Ministerio de Economía
Uno de los interrogantes gira en torno al papel que desempeñará el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que su cartera es la encargada de autorizar las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar la ley.
Según trascendió, el equipo económico mantiene la postura de esperar la resolución definitiva de la disputa judicial antes de avanzar con la liberación de fondos.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de la ley representa un impacto fiscal equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Qué resolvió la Justicia
El fallo fue firmado por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La resolución dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario mediante el dictado de las normas reglamentarias y administrativas necesarias para su implementación.
Entre los puntos centrales de la norma se encuentran la asignación de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el decreto cuestionado “no supera un test mínimo de razonabilidad” y consideró que el Poder Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley ratificada por el Congreso mediante las mayorías previstas por la Constitución.
El respaldo de los gremios universitarios
Tras conocerse el fallo, el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) expresó su respaldo a la decisión judicial y la calificó como una victoria para el sistema universitario público.
El secretario general del gremio, Pablo Perazzi, sostuvo que el fallo reafirma que el Poder Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso bajo el argumento del equilibrio fiscal.
Por su parte, el dirigente de CONADU, Federico Montero, señaló que la resolución judicial constituye un paso importante, aunque remarcó que el conflicto también deberá resolverse en el plano político.
En ese marco, ambas organizaciones ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 15 de octubre, en defensa del financiamiento de las universidades públicas.
El conflicto continúa en la Justicia
Con la decisión del Gobierno de presentar una apelación, la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continuará en el ámbito judicial.
Mientras tanto, las universidades nacionales mantienen el reclamo por la ejecución de los fondos previstos en la norma, al tiempo que el Ejecutivo insiste en que cualquier decisión deberá ser compatible con la política de equilibrio de las cuentas públicas.