La investigación por amenazas en establecimientos educativos de Jujuy sigue sumando datos preocupantes y deja al descubierto una problemática que impacta de lleno en la comunidad escolar. El fiscal Pablo de Tezanos Pintos confirmó que ya se registran más de 100 denuncias en toda la provincia y al menos 35 menores de edad fueron imputados en el marco de estas causas.
Según explicó el funcionario, muchos de los episodios tuvieron su origen en supuestas “bromas” o desafíos virales difundidos en redes sociales, aunque sus consecuencias fueron mucho más graves de lo que los propios protagonistas dimensionaban. El temor generado provocó una caída en la asistencia a clases en distintos establecimientos, con familias que decidieron no enviar a sus hijos por miedo a posibles situaciones de violencia.
Las investigaciones, que se desarrollan en diferentes puntos de Jujuy con la intervención del Ministerio Público de la Acusación, incluyen allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos clave para avanzar en la identificación de los responsables. En muchos casos, incluso, no se pudo determinar la autoría de las amenazas, lo que complejiza el trabajo judicial.
De acuerdo a lo detallado por el fiscal, todos los implicados son menores y las imputaciones se encuadran en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. En este sentido, aclaró que los menores de 16 años no son punibles, por lo que la responsabilidad recae sobre sus padres, mientras que quienes superan esa edad pueden enfrentar penas que van de 3 a 6 años de prisión.
Más allá de las posibles sanciones, el enfoque de la Justicia apunta a la concientización y a la responsabilidad social. Desde la fiscalía remarcaron la importancia del rol de las familias en la prevención, ya que en muchos testimonios los adolescentes admitieron haber actuado por imitación o presión de pares, sin dimensionar el impacto real de sus acciones.
En los últimos días, las autoridades detectaron una leve disminución en la cantidad de denuncias, lo que se atribuye a una mayor toma de conciencia sobre la gravedad de este tipo de conductas. Sin embargo, el fenómeno sigue siendo motivo de preocupación y mantiene en alerta a toda la comunidad educativa.
