La Justicia avanza en una investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su vínculo con el periodista Marcelo Grandio. En las últimas horas, salieron a la luz detalles de contratos firmados entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Imhouse, que están siendo analizados por posibles irregularidades.
Según la documentación entregada a la Justicia, se trata de seis acuerdos de coproducción firmados entre 2024 y 2025, que permitieron a la empresa privada desarrollar contenidos en medios estatales, incluyendo programas de radio, ciclos de entrevistas y formatos de streaming en plataformas digitales.
El esquema contractual seguía una lógica particular: la productora asumía los costos de producción y, a cambio, se quedaba con la explotación publicitaria hasta recuperar la inversión. Una vez alcanzado ese punto, las ganancias se dividían con el Estado. Sin embargo, el foco de la investigación está puesto en el aporte estatal, ya que RTA proporcionaba estudios, equipamiento técnico, personal, escenografía y otros recursos clave para la realización de los contenidos.
Entre los programas bajo análisis aparece “La caja de Pandora”, un ciclo radial por el cual la productora habría abonado un monto bajo en relación al uso de la infraestructura, reteniendo la totalidad de la pauta publicitaria. También figura “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, cuyos costos se fueron actualizando con el tiempo, alcanzando cifras millonarias por episodio.
A su vez, se investigan contenidos digitales como “Enredados” y “La Sala”, desarrollados para plataformas como YouTube y Twitch, con contratos que contemplaban decenas de emisiones y montos significativos por cada entrega.
La causa también incluye un capítulo previo que suma complejidad: el fiscal Gerardo Pollicita analiza una serie de transferencias bancarias realizadas por la productora hacia Adorni entre 2022 y 2023, antes de su ingreso al Gobierno. El total de esos movimientos asciende a más de 1,6 millones de pesos.
En ese marco, la Justicia busca determinar si existe una relación entre esos pagos, la posterior firma de contratos en la TV Pública y posibles beneficios personales. Entre los elementos bajo análisis aparece un viaje a Punta del Este en avión privado, que habría sido financiado por el propio Grandio.
El caso se encuentra en plena etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en la asignación de contratos y si existió algún tipo de conflicto de intereses o beneficio indebido.