El Ministerio de Seguridad Nacional anunció la ampliación del programa de bloqueo de celulares en cárceles a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decidan adherirse a la iniciativa. La medida fue oficializada mediante la Resolución 806/2026 y busca impedir que personas privadas de la libertad continúen utilizando teléfonos móviles para planificar o coordinar delitos desde los establecimientos penitenciarios.
La estrategia ya se aplica en las cárceles federales y ahora podrá extenderse a los sistemas penitenciarios provinciales mediante la firma de convenios de adhesión con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Cómo funcionará el sistema
El programa está basado en la detección y bloqueo de los códigos IMEI e IMSI, que identifican a los dispositivos móviles y a las líneas telefónicas utilizadas dentro de las unidades penitenciarias.
De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es identificar celulares utilizados de manera irregular y gestionar su bloqueo a través de las compañías de telefonía móvil, evitando que continúen operando desde el interior de las cárceles.
Para ello, el Ministerio pondrá a disposición de las provincias una ventanilla única, que centralizará los pedidos de bloqueo una vez detectados los equipos.
Adhesión voluntaria de las provincias
La resolución establece que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán incorporarse al sistema mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Una vez concretada la adhesión, las jurisdicciones podrán aplicar la misma estrategia de detección y bloqueo que actualmente funciona en los establecimientos penitenciarios federales.
Desde la cartera nacional señalaron que el propósito es fortalecer la seguridad penitenciaria y evitar que organizaciones delictivas continúen operando desde los lugares de detención.
El objetivo de la medida
En el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional se sostiene que “las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado”, y remarca que el objetivo es impedir que los internos utilicen dispositivos móviles para planificar, coordinar o ejecutar delitos fuera de los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, el Gobierno nacional enfatizó que las personas privadas de la libertad deben cumplir sus condenas sin posibilidad de mantener actividades delictivas mediante el uso ilegal de teléfonos celulares.
La implementación del programa dependerá ahora de la adhesión de cada provincia, que podrá incorporar este sistema como parte de sus políticas de seguridad penitenciaria.