La investigación por las amenazas registradas en distintos establecimientos educativos de Jujuy sumó un nuevo avance este viernes, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concretó un allanamiento en una vivienda de la capital provincial en busca de elementos vinculados a la causa.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Control, a cargo de la jueza María Hinojo, a partir de las tareas previas realizadas por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1. La medida se basó en la recolección de datos y pruebas que permitieron orientar la investigación hacia un domicilio específico.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, junto al secretario Nicolás Flores, el ayudante fiscal Juan Campos y personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, quienes llevaron adelante el procedimiento durante la jornada.
Como resultado del allanamiento, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés, que ahora serán sometidos a peritajes técnicos. El objetivo es analizar la información contenida en esos equipos y avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas.
El caso se enmarca en una serie de episodios registrados en escuelas de diferentes localidades de la provincia, donde aparecieron mensajes intimidatorios que obligaron a activar protocolos de seguridad y reforzar la presencia policial en los establecimientos.
Desde el MPA reiteraron que este tipo de hechos no se consideran bromas ni situaciones menores, sino que son investigados bajo la figura de intimidación pública, prevista en el Código Penal, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en un contexto donde las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en una situación que generó preocupación en la comunidad educativa.
