El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas no permiten sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Sin embargo, advirtió sobre posibles irregularidades fiscales y solicitó que la investigación continúe en la Justicia Penal Económica.
La conclusión se produjo después de analizar el patrimonio del ex jefe de Gabinete, sus operaciones inmobiliarias y una explicación de su defensa vinculada con inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública. El planteo deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni tomó un nuevo rumbo. El fiscal Gerardo Pollicita pidió modificar el enfoque de la causa al considerar que no existen elementos suficientes para atribuirle un incremento patrimonial injustificado durante su desempeño como funcionario público.
La conclusión no significa que el expediente esté cerrado ni que Adorni haya sido sobreseído. Por el contrario, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se investigue si parte de los fondos utilizados en distintas operaciones fueron omitidos en las declaraciones tributarias.
El dictamen fue presentado en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
La explicación sobre Bitcoin que cambió el análisis de la Fiscalía
Uno de los aspectos decisivos fue el origen del dinero que Adorni utilizó para afrontar adquisiciones, gastos y obligaciones patrimoniales.
Durante la investigación se identificaron desembolsos por más de 402.000 dólares, de los cuales aproximadamente 374.000 se realizaron en efectivo. También se detectó una diferencia superior a 43 millones de pesos entre ingresos comprobados y movimientos patrimoniales durante el período examinado.
Frente a esos cuestionamientos, la defensa sostuvo que Adorni había invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que posteriormente obtuvo más de 591.000 dólares mediante la venta de esos activos.
La Fiscalía ordenó verificar ocho direcciones de billeteras virtuales aportadas como respaldo.
Los peritajes comprobaron que esas direcciones registraron actividad durante los años mencionados y que la defensa podía demostrar el control actual de las claves. Sin embargo, no fue posible establecer con certeza quién las administraba en aquel momento ni reconstruir todas las operaciones.
Esa limitación resultó determinante: la investigación no pudo confirmar completamente la explicación del ex funcionario, pero tampoco reunió pruebas suficientes para refutarla.
Pollicita consideró que, ante la posibilidad de que el capital se hubiera originado antes del ingreso de Adorni al Estado, no correspondía mantener la hipótesis de enriquecimiento ilícito con los elementos disponibles.
Por qué ahora se investiga una posible evasión impositiva
Aunque la explicación sobre las criptomonedas modificó el análisis penal, también abrió interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Según el dictamen, parte de los activos y ahorros mencionados por la defensa no habrían sido declarados oportunamente ante los organismos fiscales.
Entre los aspectos que deberán examinarse se encuentran el origen de los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de dólares en efectivo y las diferencias entre la información aportada a plataformas de intercambio y la presentada ante organismos públicos.
La Fiscalía también puso atención en las operaciones realizadas fuera del sistema bancario y en la utilización de terceros para efectuar determinados pagos.
La cuestión jurídica es diferente de la investigada originalmente. Mientras el enriquecimiento ilícito exige analizar un incremento patrimonial injustificado vinculado con el ejercicio de la función pública, una eventual evasión tributaria requiere determinar si existieron obligaciones fiscales incumplidas.
Por ese motivo, Pollicita pidió que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico, donde podría examinarse si hubo irregularidades relacionadas con Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales.
Hasta el momento no existe una determinación judicial de que Adorni haya cometido evasión impositiva. Se trata de una hipótesis que el fiscal considera necesario investigar.
Las operaciones inmobiliarias que quedaron bajo análisis
La causa también examinó adquisiciones inmobiliarias y gastos vinculados con propiedades del ex funcionario y su familia.
Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2024 a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, por 120.000 dólares, además de una tasa de ingreso al barrio privado.
La operación incluyó un préstamo privado de 100.000 dólares y un pago en efectivo por el monto restante.
También se investigó la compra de un departamento en Caballito, realizada en 2025 por 230.000 dólares, mediante una combinación de efectivo y financiamiento privado.
Las refacciones de los inmuebles generaron diferencias entre los montos informados por algunos participantes de las operaciones y las explicaciones presentadas por la defensa.
Pollicita solicitó, además, que se examine la actuación de personas vinculadas con determinadas transacciones inmobiliarias y que el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires evalúe la intervención de una escribana.
Qué deberá resolver el juez Ariel Lijo
El próximo paso corresponde al juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si acepta el planteo del fiscal y dispone el traslado del expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Si se concreta ese cambio, la investigación continuará centrada en establecer si existieron incumplimientos tributarios con relevancia penal.
La decisión de Pollicita representa un cambio importante en la causa porque considera insuficiente la prueba para sostener el presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, deja abierta una investigación diferente sobre el origen, la declaración y el tratamiento fiscal de los fondos.
Por lo tanto, el dictamen no equivale a una absolución judicial ni supone que todas las operaciones patrimoniales hayan quedado definitivamente aclaradas.