El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que el Gobierno argentino evalúa iniciar acciones penales contra directivos de empresas involucradas en proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas. La medida forma parte de la estrategia diplomática y judicial para cuestionar las actividades hidrocarburíferas impulsadas en el archipiélago bajo administración británica.
El funcionario señaló especialmente a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, vinculadas con el proyecto Sea Lion, cuyo inicio de explotación está previsto para el primer trimestre de 2027. Argentina sostiene que esas operaciones se desarrollan sin su autorización en un territorio cuya soberanía reclama al Reino Unido.
La controversia por el petróleo en las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática argentina después de que Quirno confirmara la posibilidad de avanzar judicialmente contra personas físicas relacionadas con las empresas petroleras.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el canciller sostuvo que el Gobierno utilizará los instrumentos legales disponibles para impedir la explotación de los recursos naturales del archipiélago. También recordó que las compañías involucradas ya recibieron sanciones en el marco de la legislación argentina.
Las advertencias se producen en un momento de especial relevancia para el proyecto Sea Lion, impulsado en aguas próximas a las islas. El inicio de las actividades extractivas está previsto para los primeros meses de 2027, por lo que la administración nacional busca obtener medidas que impidan su puesta en marcha mientras continúa la controversia.
El reclamo argentino ante la Justicia internacional
El Gobierno presentó un planteo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales relacionadas con la explotación de hidrocarburos. El objetivo es suspender las actividades hasta que se constituya el tribunal arbitral que deberá examinar el conflicto específico sobre los recursos naturales.
Quirno aclaró que esa presentación no busca que el tribunal resuelva la disputa de soberanía sobre las islas, ya que esa cuestión excede su competencia. La solicitud se concentra en las actividades petroleras que Argentina considera incompatibles con sus derechos sobre el territorio y los espacios marítimos circundantes.
El Reino Unido mantiene la administración efectiva de las Islas Malvinas y sostiene una posición contraria al reclamo argentino de soberanía. Argentina, por su parte, considera que existe una disputa reconocida internacionalmente y reclama la reanudación de negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica.
La posibilidad de iniciar procesos penales contra directivos constituye, hasta el momento, una advertencia del Gobierno argentino. No equivale a la existencia de condenas ni confirma que se hayan iniciado nuevas causas judiciales individuales contra los empresarios mencionados.