El Gobierno nacional formalizó la convocatoria al Senado para debatir la Reforma Laboral y fijó la sesión para el miércoles 11 de febrero, en un escenario marcado por negociaciones intensas y definiciones abiertas sobre el capítulo fiscal, que mantiene en alerta a varias provincias.
El pedido de sesión fue presentado con firmas del oficialismo y bloques aliados, y desde el entorno del Ejecutivo señalaron que las conversaciones seguirán hasta el mismo día del debate, con cambios que podrían anunciarse directamente en el recinto durante la discusión parlamentaria.
El foco principal de la tensión está puesto en la propuesta de baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que gobernadores consideran sensible por el posible impacto en los recursos coparticipables. En estimaciones oficiales, la reducción de alícuotas podría implicar una pérdida aproximada de 0,15% del PBI, por lo que las provincias buscan mecanismos de compensación que aún no tienen definición final.
Desde la Casa Rosada sostienen que la caída de recaudación podría ser amortiguada mediante un aumento de la formalización laboral. En esa línea, aseguran que la incorporación de alrededor de 400 mil trabajadores al sistema formal permitiría equilibrar el efecto fiscal de la medida.
En paralelo, otros artículos del proyecto también generan controversias. Entre ellos aparece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé un aporte del 3% de la masa salarial, y que según objeciones de distintos sectores podría repercutir en el financiamiento de la ANSeS. También existen cuestionamientos por la derogación de leyes y estatutos laborales incluidos en el paquete de reformas.
A pesar de las diferencias, el oficialismo confía en conseguir quórum y votos para aprobar el proyecto en general, con respaldo de sectores federales y aliados. Sin embargo, el resultado final podría definirse en la votación artículo por artículo, donde no se descartan modificaciones, rechazos parciales o cambios de último momento.