Horas después de la multitudinaria marcha que tuvo lugar este miércoles en el Congreso, donde miles de ciudadanos se movilizaron en apoyo a la Universidad Pública, el presidente Javier Milei oficializó su veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión fue comunicada a primera hora del jueves a través del Boletín Oficial, marcando un importante giro en la política educativa del país y sus implicaciones para la educación superior.
El decreto presidencial argumenta que «el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente». Según Milei, la ley no solo omite contemplar el impacto fiscal que implicaría, sino que tampoco determina una fuente de financiamiento clara para garantizar su implementación. «Dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA», expone el decreto, añadiendo que su ejecución exigiría una «fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista», para cubrir los costos.
Además, el texto del decreto sostiene que «el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente». Este señalamiento refuerza la postura del gobierno de Milei, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la austeridad fiscal y la reducción del gasto público.
En el contexto de esta decisión, la Oficina del Presidente había anticipado en redes sociales que Milei vetaría «el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso», así como cualquier otra propuesta que no contemple una partida presupuestaria específica y que atente contra el equilibrio fiscal. «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos», señalaba el comunicado.
El gobierno también destacó que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades debería ser en el marco del debate del Presupuesto Nacional 2025, reafirmando así su postura de controlar el gasto y mantener un enfoque fiscal responsable.
A pesar del veto, la Casa Rosada se comprometió a analizar los efectos generados por la masiva movilización al Congreso, que involucró a diferentes integrantes de la sociedad, incluidos muchos de los votantes de Milei. Esta marcha no solo fue un llamado de atención sobre la situación de la educación pública, sino también una manifestación de la creciente preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro de las universidades en el contexto de las políticas del actual gobierno.
La Casa Rosada también atribuyó motivaciones políticas a la participación de figuras de la oposición en la marcha, sosteniendo que esta convergencia busca obstruir el plan económico del Presidente. «El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente», expresó el comunicado.
Finalmente, el gobierno reafirmó su determinación de no ceder ante lo que considera un «espectáculo mediático» ni ante proyectos de ley que considera irresponsables. «El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez», concluyó la Casa Rosada, dejando en claro que la lucha por el financiamiento universitario no ha terminado, y que la controversia sobre la educación pública seguirá siendo un tema central en la agenda política.
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