En medio de la creciente tensión dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas hacia su vicepresidenta, Victoria Villarruel, al acusarla de vivir en un «micromundo» y estar «desconectada de la realidad». Las declaraciones se produjeron luego de que Villarruel se quejara públicamente de que su salario era «dos chirolas», pese a recibir una compensación millonaria como titular del Senado.
En una entrevista radial, Milei afirmó:
«Es una frase muy desafortunada y refleja la desconexión de la casta política con la realidad de los argentinos. Mientras el salario promedio en el país ronda los 400 mil pesos, y un 75% de la población gana menos que eso, hablar de ‘dos chirolas’ por su sueldo de 10 millones de pesos en el Senado es inadmisible».
El mandatario aprovechó la ocasión para subrayar que estas declaraciones evidencian la brecha entre los políticos tradicionales y los ciudadanos comunes, una crítica constante en su discurso político.
Milei también reveló que Villarruel lo contactó para solicitar un aumento en sus honorarios, pero recibió una negativa rotunda:
«Nosotros estamos comprometidos con la reducción del gasto público y eso incluye el ajuste en los sueldos de la política. No podemos permitirnos ser insensibles al sacrificio que hacen los argentinos todos los días», destacó el Presidente.
Este intercambio ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre Milei y Villarruel, que ya han tenido varios cruces públicos. El Presidente, quien ha centrado su gestión en atacar los privilegios de la «casta política», dejó en claro que no tolerará actitudes que contradigan su mensaje de austeridad.
Por su parte, Villarruel no ha respondido oficialmente a estas declaraciones, pero sus palabras sobre su salario han generado críticas tanto dentro como fuera del espacio político que comparten.
Mientras Milei insiste en que su administración está comprometida con reducir los gastos del Estado, las controversias internas evidencian las dificultades de mantener una coalición política cohesionada bajo esta premisa.
La pregunta que surge ahora es si estas diferencias afectarán la capacidad del Gobierno para implementar su ambiciosa agenda de reformas estructurales.
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