En un contexto donde el Gobierno Nacional ha anunciado un proyecto para reformar la Ley de Migraciones, incluyendo el cobro de aranceles en hospitales y universidades públicas para extranjeros no residentes, la provincia de Jujuy se posiciona como pionera en la materia. Desde septiembre, la provincia implementa el cobro de servicios de salud a extranjeros mediante la Ley N° 6.116, reglamentada recientemente tras años de espera.
La Ley N° 6.116, sancionada en 2019, establece el cobro por consultas, cirugías e internaciones para extranjeros no residentes, exceptuando emergencias médicas, que continúan siendo gratuitas. Según el gobernador Carlos Sadir, el objetivo es equilibrar la carga sobre el sistema de salud público y asegurar un acceso justo para todos los usuarios, especialmente en una región con alta afluencia de pacientes provenientes de Bolivia.
Aunque la norma fue aprobada hace cuatro años, su aplicación se retrasó debido a un acuerdo bilateral de asistencia sanitaria recíproca firmado entre Argentina y Bolivia, que quedó inactivo hasta la reciente reglamentación de la ley en Jujuy.
Siguiendo el ejemplo jujeño, el Gobierno Nacional anunció su intención de presentar un proyecto de ley para introducir el cobro de servicios en hospitales y universidades públicas para extranjeros no residentes. La iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos públicos y fomentar la reciprocidad internacional, prácticas ya adoptadas por varios países en el mundo.
La propuesta ha desatado un intenso debate en el país. Sus defensores aseguran que estas medidas son indispensables para aliviar la sobrecarga de los sistemas públicos, particularmente en regiones fronterizas. En contraste, los críticos argumentan que estas políticas podrían vulnerar derechos humanos fundamentales y tensar las relaciones diplomáticas con naciones vecinas.
En Jujuy, la implementación del cobro sanitario ya genera opiniones divididas. Mientras algunos ven la medida como un acto de justicia y sostenibilidad, otros la consideran un retroceso en términos de integración y derechos universales.
El principio de reciprocidad es el núcleo de esta discusión. Según los promotores de estas medidas, muchos países ya aplican esquemas similares para asegurar un equilibrio en el acceso a servicios públicos. Desde esta perspectiva, la reforma busca equiparar el trato recibido por ciudadanos argentinos en el extranjero con el brindado a residentes de otros países en Argentina.
“El esquema implementado no busca discriminar, sino equilibrar. Queremos garantizar que el sistema de salud funcione de manera eficiente para todos”, expresó el gobernador de Jujuy al defender la medida.
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