La ejecución pública de un joven deportista volvió a poner a Irán en el centro de las críticas internacionales. Se trata de Saleh Mohaddani, un luchador de 19 años que había obtenido la medalla de bronce en la Copa Satiev 2024 y que fue ahorcado en la ciudad de Qom tras ser acusado por el régimen de delitos vinculados al espionaje y asesinato.
Según informaron medios internacionales, el atleta se encontraba detenido desde enero, señalado por las autoridades iraníes de haber llevado adelante “acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”. Sin embargo, su caso generó fuerte controversia por las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial.
Mohaddani había participado previamente en una manifestación en la que se exigía la destitución de las autoridades del país. A partir de ese hecho, fue acusado también de haber asesinado a un policía durante las protestas, una versión que fue cuestionada por su entorno.
La familia del joven denunció que el deportista fue sometido a torturas durante su detención y que posteriormente fue obligado a confesar un crimen que, aseguran, no cometió. Estas declaraciones encendieron alarmas en organismos de derechos humanos, que desde hace tiempo vienen denunciando irregularidades en los procesos judiciales iraníes.
La ejecución se llevó a cabo mediante ahorcamiento y, de acuerdo a la información disponible, se realizó en público junto a otros dos civiles condenados.
El caso generó indignación y volvió a reavivar el debate sobre el uso de la pena de muerte en Irán, especialmente en contextos vinculados a protestas sociales y disidencia política.