Gobierno Nacional Elimina Privilegios Heredados en el Acceso a Empleos Públicos con el Decreto 959/2024

El Gobierno Nacional ha dado un paso decisivo hacia la equidad y la transparencia en las contrataciones del sector público con la implementación del Decreto 959/2024, que prohíbe el ingreso a cargos públicos por vínculos familiares, relaciones políticas o influencias externas. Esta nueva normativa busca fortalecer la meritocracia en el acceso a empleos estatales, eliminando las prácticas de nepotismo que han afectado a la administración pública en el pasado.

Según la normativa, todos los procesos de selección para puestos en la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general. Se establecerán comités de evaluación independientes encargados de supervisar que las selecciones sean justas e imparciales. Además, la norma contempla la implementación de auditorías internas para asegurar que los criterios de selección se basen exclusivamente en el mérito y la competencia.

Detalles Clave del Decreto 959/2024

– Prohibición de Prácticas Hereditarias: La normativa prohíbe explícitamente el acceso a cargos públicos por parentesco o influencia política, garantizando un sistema de selección basado en el mérito.

– Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública serán abiertos y transparentes, con requisitos claros para evitar favoritismos.

– **Comités de Evaluación Independientes**: Se formarán comités compuestos por miembros independientes que supervisarán los procesos de selección y elaborarán informes públicos sobre cada concurso.

– Sanciones a Irregularidades: Se establecerán sanciones severas para los funcionarios que incumplan las nuevas normas, que van desde suspensiones hasta destituciones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

– Supervisión y Auditoría: La Oficina Anticorrupción llevará a cabo auditorías periódicas para verificar la transparencia en los procesos de selección y evitar interferencias indebidas.

El Decreto 959/2024 es un esfuerzo significativo para asegurar que los empleos estatales se asignen basándose en la competencia, promoviendo así un gobierno más justo y responsable.


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