Las repercusiones del escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei continúan escalando, con diversos sectores políticos exigiendo respuestas y planteando la posibilidad de un juicio político. La oposición, liderada por el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), denunció que «la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad».
El detonante fue un posteo del mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), donde promocionó la criptomoneda $LIBRA. Luego de su recomendación, el valor del criptoactivo se disparó, pero a las pocas horas sufrió un desplome estrepitoso, generando pérdidas a numerosos inversores.
A partir de este hecho, la oposición exigió que Milei brinde explicaciones, y varios legisladores anunciaron presentaciones de juicio político en el Congreso. La Comisión Permanente de Juicio Político, encargada de evaluar estos pedidos, cuenta con 31 miembros.
Uno de los primeros en impulsar la iniciativa fue el diputado Esteban Paulón, quien además solicitó la convocatoria del jefe de Gabinete para que esclarezca el vínculo del Presidente con la criptomoneda.
Desde la UCR, el senador Martín Lousteau señaló que en el Congreso ya existe un debate sobre si corresponde conformar una Comisión Investigadora o avanzar directamente con el juicio político. En la misma línea, la Coalición Cívica ARI, a través del diputado Maximiliano Ferraro, consideró que Milei podría haber infringido la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, mencionando posibles delitos de lavado de dinero y estafa.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también se pronunció sobre el escándalo, calificando de «temeraria» la decisión del Presidente de promover una criptomoneda de dudoso origen. A través de un comunicado, la central obrera exigió el «total esclarecimiento de los hechos» y advirtió que un simple pedido de disculpas no exime a Milei de su responsabilidad institucional.
El caso de la promoción de $LIBRA por parte del presidente Milei ha generado una crisis política que podría tener repercusiones directas en su gestión. A medida que la investigación avanza, crecen las dudas sobre si el Congreso tomará medidas concretas en su contra.
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