El Poder Ejecutivo reenvío al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de acelerar su tratamiento en comisiones y llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados esta misma semana. La iniciativa retoma el texto presentado el año pasado y vuelve a poner en el centro del debate la baja de la edad de imputabilidad.
El proyecto oficial propone reducir el límite actual de 16 a 13 años, aunque dentro del propio oficialismo reconocen que ese punto es difícil de sostener sin acuerdos más amplios. En ese sentido, admiten que la edad mínima podría modificarse durante el debate parlamentario para destrabar consensos. Desde la oposición dialoguista señalan que el acuerdo políticamente viable hoy estaría en fijar la imputabilidad en los 14 años, tal como se había trabajado en el dictamen consensuado durante 2025.
Esa alternativa vuelve a ganar fuerza como salida intermedia frente a las posturas más duras y las resistencias que genera la baja a 13.Con ese escenario, se espera que el proyecto sea ajustado al momento de firmar el despacho de comisión, instancia prevista para el próximo miércoles, paso clave para habilitar su llegada al recinto.
El debate vuelve a abrir una discusión sensible que cruza seguridad, derechos de la infancia y responsabilidad penal, y que promete un tratamiento intenso tanto dentro del Congreso como en la agenda pública.