El Gobierno nacional anunció el envío de 300 agentes de seguridad a la Triple Frontera con el objetivo de fortalecer los controles y combatir el narcotráfico. Además, evalúa la incorporación de las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con Paraguay y Brasil.
El despliegue de efectivos ya comenzó en la provincia de Misiones, donde el pasado domingo se registró un enfrentamiento con una organización criminal vinculada al narcotráfico, que dejó a un suboficial herido. «Queremos poner ojos en la frontera, que entendemos que toca muchos intereses», señalaron fuentes oficiales.
El operativo inicial tendrá como epicentro la ciudad de Bernardo de Irigoyen y luego se expandirá hasta Puerto Iguazú. Para ello, se aumentará la presencia de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la región.
Desde la Casa Rosada confirmaron que se encuentra en evaluación la participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, una medida habilitada por el decreto 1112/24. Esta normativa otorga a las fuerzas militares la capacidad de combatir amenazas externas no estatales, como el terrorismo y el crimen organizado.
Además, el Ejecutivo trabaja en una reforma integral de seguridad nacional para ampliar el marco de acción de las fuerzas y reforzar la lucha contra el narcotráfico en las zonas más críticas del país.
El Gobierno también busca mejorar la cooperación con las agencias de inteligencia y seguridad de Paraguay y Brasil para prevenir el ingreso de bandas criminales a Argentina. En este sentido, se están evaluando acuerdos bilaterales para fortalecer la vigilancia y el intercambio de información.
Este refuerzo de seguridad también se extenderá a la frontera con Bolivia. En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la construcción de un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas, Salta, para prevenir el contrabando y el ingreso ilegal de personas.
Como parte de las medidas de seguridad, el Ejecutivo trabaja en una reforma migratoria para limitar la entrega de residencias a extranjeros. La iniciativa, que modifica la Ley de Migraciones 25.871, busca restringir el ingreso y permanencia de personas sin documentación legal en el país, como una estrategia para neutralizar la presencia de organizaciones delictivas extranjeras.
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