En el marco de un plan para reducir el gasto público, el presidente Javier Milei anunció la suspensión de nuevas contrataciones en el ámbito nacional. La medida, que busca optimizar la estructura del Estado, introduce un innovador sistema denominado «3×1». Según este esquema, por cada tres bajas de personal en el sector público, cualquiera sea la causa, solo se permitirá un nuevo ingreso.
Adicionalmente, el Gobierno exigirá la aprobación de un examen de idoneidad para todos los futuros aspirantes a ocupar cargos estatales. Este requisito apunta a garantizar que quienes ingresen al sector público posean las competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente.
El sistema «3×1» busca reducir el tamaño de la planta estatal y optimizar los recursos financieros del Estado. En palabras de funcionarios cercanos al Ejecutivo, “esta política no solo permitirá un ahorro significativo, sino que fomentará una administración más meritocrática y profesional”.
La medida podría tener un impacto inmediato en la reducción de oportunidades laborales dentro del sector público, especialmente en áreas donde se produzcan bajas frecuentes. Sin embargo, también abre la puerta a un proceso más competitivo, donde las capacidades y méritos de los aspirantes serán evaluados rigurosamente.
El anuncio ha generado opiniones divididas en la sociedad y en los sindicatos, algunos de los cuales ya han manifestado su preocupación por las posibles consecuencias sociales de esta política.
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