El presidente Javier Milei se prepara para reglamentar una medida significativa en el ámbito educativo que permitirá a las universidades públicas argentinas cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esta decisión, que se concretará en los próximos días, forma parte de una reestructuración más amplia del financiamiento universitario que también contempla nuevos criterios para distribuir recursos a las instituciones de educación superior en todo el país, basándose en la cantidad de alumnos y graduados.
La normativa, que será oficializada a través del Ministerio de Educación dirigido por Federico Sturzenegger, permitirá que cada universidad decida si aplicará o no aranceles a los estudiantes extranjeros. Hasta ahora, esta práctica estaba prohibida en Argentina, lo que generó una serie de debates sobre la inclusión y el acceso a la educación pública. La medida llega en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición, especialmente tras el veto presidencial a la Ley de Bases, que ya había recortado parte del financiamiento universitario.
La reglamentación también busca modificar la manera en que se asignan los recursos a las universidades, proponiendo un nuevo enfoque que prioriza la relación entre la cantidad de alumnos que asisten y los graduados. Esto incluye la evaluación de los docentes y del sistema educativo en general, lo que podría dar pie a nuevos desafíos y controversias en el ámbito académico.
Sin embargo, la falta de comunicación oficial a las universidades ha generado inquietud. Algunos sectores académicos han señalado que, aunque los lineamientos de la nueva normativa no parecen ser inherentemente conflictivos, el hecho de no haber sido notificados podría derivar en tensiones similares a las que se vivieron durante la reciente discusión en el Congreso sobre el DNU de Milei, que fue rechazado y que había incrementado los gastos reservados de la SIDE.
Particularmente, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la noticia ha causado sorpresa, ya que la institución actualmente no acepta estudiantes extranjeros no residentes, requiriendo que quienes deseen cursar allí tengan un DNI argentino. Esta situación abre un interrogante sobre cómo se implementará la nueva reglamentación y qué repercusiones tendrá en el acceso a la educación superior en el país.
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