El gobierno de Javier Milei ha introducido cambios clave en la legislación que regula el estatus de refugiado en Argentina, después de haber retirado esta condición al expresidente boliviano Evo Morales, otorgada por la administración de Alberto Fernández en 2020. Esta decisión se oficializó a través del *decreto 942/2024*, publicado en el Boletín Oficial el pasado martes, marcando un giro significativo en la política migratoria del país.
La nueva normativa introduce requisitos adicionales para quienes busquen obtener la condición de refugiado, además de los ya establecidos anteriormente. Entre ellos, se destacan la exclusión de aquellos que hayan cometido delitos de guerra, delitos contra la paz y la humanidad, graves delitos comunes o actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas. Estos criterios buscan reforzar el control y la selección de personas que aspiren a obtener protección en Argentina.
La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) será la entidad encargada de aplicar y evaluar estos cambios. A partir de ahora, esta comisión también tendrá la facultad de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado en primera instancia. Aquellos que pierdan esta condición tendrán un «plazo razonable» para abandonar el país o, en su defecto, solicitar otro tipo de estatus legal, según su grado de integración en la sociedad argentina.
Estas modificaciones reflejan una postura más estricta del gobierno de Milei en materia de refugio, alineándose con su visión de una Argentina con mayor control en temas migratorios.
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