El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, confirmó hoy la decisión del Gobierno Nacional de eliminar murales, bustos y otros símbolos partidarios de los edificios públicos en todo el país. Esta medida busca implementar la «neutralidad partidaria» en espacios estatales, una política impulsada por el presidente Javier Milei para garantizar la imparcialidad en el uso de instalaciones públicas.
Catalán, a través de su cuenta en la red social X, expresó: «Como ya lo dijo el presidente Javier Milei, los edificios públicos son de todos los argentinos. No corresponde que en ellos haya propaganda política». En su mensaje, agregó que ya se comenzó con la remoción de símbolos, destacando la reciente eliminación de un mural de Néstor Kirchner en la sucursal de Retiro del Correo Oficial.
El viernes pasado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó la medida, enfatizando la necesidad de neutralidad en los espacios estatales. Entre las primeras acciones, se retiró un busto del expresidente Néstor Kirchner ubicado en las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Además, pósters con la figura de Eva Perón fueron desinstalados de varios edificios.
La decisión generó un intenso debate político y social, ya que muchos consideran que estos elementos representan capítulos importantes de la historia argentina. Sin embargo, desde el Gobierno se sostiene que la medida no busca borrar el pasado, sino garantizar que los espacios públicos sean representativos de toda la ciudadanía.
En un segundo mensaje, Catalán subrayó: *»Estamos removiendo pintadas y símbolos partidarios en todos los edificios públicos para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento»*. Esta afirmación refuerza el argumento del Gobierno de que los espacios estatales deben permanecer imparciales y alejados de cualquier tipo de propaganda política.
Mientras sectores afines al oficialismo celebran la medida como un paso hacia la modernización y transparencia institucional, opositores y agrupaciones peronistas critican la iniciativa por considerarla un intento de eliminar símbolos que forman parte del legado histórico y político del país.
El retiro de estos elementos marca el inicio de un proceso más amplio que promete continuar en distintas provincias y edificios públicos, aseguraron desde el Ejecutivo.
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