El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles una serie de medidas que impactan en la legislación de identidad de género en Argentina. Entre los principales cambios, el Gobierno prohibirá los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género en menores de 18 años y restringirá el traslado de personas detenidas que se autoperciban mujeres a cárceles femeninas.
«El Gobierno decidió modificar la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación en menores de 18 años», afirmó Adorni durante su conferencia de prensa.
Actualmente, la ley permite que menores accedan a estos procedimientos con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, si uno de ellos se opone, se puede recurrir a un juez para obtener la autorización. Según Adorni, estas prácticas representan «un grave riesgo para la salud física y mental de los niños, ya que interrumpen su proceso natural de maduración».
En paralelo, el Gobierno también limitará el traslado de personas detenidas que cambien de género y se autoperciban mujeres a establecimientos carcelarios femeninos. «El sistema actual permite que personas condenadas puedan volver a cometer delitos contra víctimas que también son mujeres», justificó el vocero.
Las declaraciones de Adorni se alinean con la postura que el presidente Javier Milei expresó recientemente en una entrevista televisiva, donde cuestionó la existencia de 240 centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires, impulsados por el gobernador Axel Kicillof.
«Me parece un horror que una criatura pueda acceder a estos tratamientos. Que le amputen los genitales mientras le llenan la cabeza de que es otra cosa distinta a lo que dice su biología… Eso de separar el género de la biología no es gratis», sostuvo Milei en la entrevista.
El anuncio de estas medidas llegó horas después de que el Gobierno confirmara la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reforzando la postura del oficialismo en materia de políticas públicas.
Estas decisiones han generado fuertes reacciones en el ámbito político y en organizaciones vinculadas a la diversidad de género. Mientras algunos sectores respaldan la iniciativa bajo el argumento de protección infantil y seguridad penitenciaria, otros denuncian un retroceso en derechos adquiridos.
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