La Cámara Federal porteña ratificó las acusaciones contra el expresidente, que ahora podría enfrentar un juicio oral por lesiones agravadas y amenazas coactivas.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yañez, en un fallo que lo deja al borde del juicio oral. La resolución, firmada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah con la disidencia de Roberto Boico, también ratificó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del exmandatario.
Con esta decisión, Fernández quedó procesado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas», según consta en el documento de 82 páginas al que accedió Noticias Argentinas.
El juez Irurzun sostuvo que «es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras», subrayando la gravedad del contexto en que habrían ocurrido los hechos: la Quinta Presidencial de Olivos, un espacio fuertemente custodiado bajo el control del propio Fernández.
La investigación revela que Yañez sufrió un alto grado de aislamiento, debiendo refugiarse en un espacio para huéspedes dentro de la residencia oficial. Fueron familiares directos quienes prestaron auxilio y testimonio, aportando pruebas clave a la causa.
Según los magistrados, la desigualdad de poder dentro de la pareja era evidente. “Yañez se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a su victimario, tanto en el plano personal como institucional”, se destaca en la sentencia.
El fallo ratifica la decisión previa del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Ramiro González, y desestima los pedidos de nulidad impulsados por la defensa de Fernández.
Por su parte, el juez Boico se manifestó en disidencia, proponiendo dictar la falta de mérito y profundizar la investigación antes de avanzar hacia el juicio oral.
La confirmación del procesamiento de un expresidente por violencia de género marca un precedente inédito en la historia judicial argentina y refuerza el compromiso de los tribunales en la lucha contra este tipo de delitos, incluso cuando involucran a figuras del más alto nivel político.
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