El expresidente Alberto Fernández presentó su defensa en la causa en la que se le investiga por presuntamente favorecer la contratación de seguros del Estado con productores allegados a él. Fernández calificó la denuncia como «una persecución política direccionada desde el sistema penal», señalando que está motivada por la ideología antiestatal del actual Gobierno. Según Fernández, la acusación no describe ningún delito específico y se basa en recortes de prensa con información falsa e imprecisa.
En un escrito de 48 páginas presentado ante el juez federal Julián Ercolini, y firmado también por su abogada Mariana Barbitta, el exmandatario expuso su posición con duras críticas hacia la Justicia. Fernández defendió el decreto que firmó durante su mandato, el cual obligaba a las reparticiones estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Según él, el objetivo era evitar que las primas de los seguros fueran a parar a manos de «empresas extranjeras», y recalcó que el decreto preveía explícitamente que no debía haber intermediarios en las contrataciones.
Además, Fernández argumentó que las dependencias del Estado que contrataron pólizas con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, y con otras firmas, no recurrieron a «productores de seguros», sino a asesores de seguros, lo que, según su defensa, es una distinción clave en la acusación.
El caso, que ha despertado gran interés público, pone de relieve las tensiones entre el expresidente y el actual sistema judicial, con implicaciones que podrían tener consecuencias más allá del ámbito legal
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