En una de las causas de corrupción más relevantes del año, el expresidente Alberto Fernández ha sido convocado a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini. Las acusaciones giran en torno a un esquema de direccionamiento de fondos públicos en el sector de seguros, facilitado por el Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros en Nación Seguros. Esta maniobra permitió que un grupo selecto de empresas coaseguradoras se beneficiara de manera ilícita, levantando serias preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
El Decreto 823/2021: Un Camino a la Corrupción
El Decreto 823/2021, firmado durante la presidencia de Fernández, otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público. Este decreto no solo consolidó el control sobre las contrataciones, sino que permitió la inclusión de otras aseguradoras bajo la modalidad de coaseguro, lo que generó un entorno propicio para el direccionamiento arbitrario de fondos. Según el juez Ercolini, esta normativa fue diseñada para dar apariencia de legalidad a una red de corrupción que involucraba a empresas cercanas al expresidente.
Redes de Intermediarios y Comisiones Millonarias
La investigación reveló una red de intermediarios, compuesta por empresarios y empresas vinculadas al círculo cercano de Fernández. Entre los beneficiarios figuran Héctor Martínez Sosa, amigo íntimo del expresidente, y otros empresarios que realizaron aportes a su campaña presidencial. Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros y TG Broker SA fueron seleccionadas como intermediarias en contratos que les permitieron cobrar más del 87% de las comisiones pagadas, alcanzando cifras superiores a 3.400 millones de pesos entre 2019 y 2023.
Cooperativas y Desvío de Fondos
Además, se han identificado cooperativas, como «7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA», que presentaron actividades económicas sospechosas. Estas cooperativas, supuestamente dedicadas al sector gastronómico, justificaron servicios ficticios mediante créditos millonarios, facilitando el desvío de fondos hacia cuentas de intermediarios y empresas vinculadas a la red.
Consecuencias Políticas y Económicas
La investigación sugiere que Alberto Fernández no solo promulgó el decreto, sino que mantuvo relaciones estrechas con los beneficiarios de esta maniobra. La comparecencia del expresidente ante la Justicia, programada para el 20 de noviembre, podría marcar un hito en esta causa que tiene profundas implicaciones en el ámbito político y económico del país. La falta de controles en Nación Seguros ha permitido el desvío de millones de pesos, evidenciando cómo una decisión gubernamental puede abrir la puerta a un sistema de corrupción a gran escala.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la administración pública y el control de los fondos destinados a seguros estatales. La ciudadanía espera respuestas claras sobre el rol de Fernández y el impacto de sus decisiones en el uso de recursos públicos.
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