La investigación a Manuel Adorni incorporó un nuevo elemento luego de que la Justicia federal detectara una factura por más de 8 millones de pesos vinculada a la compra de ropa de cama y artículos de blanquería de alta gama.
La documentación apareció durante el análisis del teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en trabajos realizados en propiedades relacionadas con el actual jefe de Gabinete.
A partir de este hallazgo, los investigadores buscan determinar si una empleada estatal intervino como prestanombre en la operación comercial y cuál fue el destino final de los bienes adquiridos.
La factura que despertó sospechas
Según surge de la causa, el comprobante comercial fue emitido el 2 de junio de 2025 por un monto de $8.183.303.
La operación figura a nombre de Gisela Kocsis, empleada de la cartera de Medios y Comunicación y colaboradora que desempeñaba funciones dentro del área vinculada al funcionario nacional.
El documento corresponde a una compra realizada en Rosen The Store, firma dedicada a la comercialización de productos para el descanso y equipamiento del hogar.
La aparición de esta documentación motivó nuevas medidas judiciales para reconstruir la operación y establecer quién fue el verdadero destinatario de los artículos adquiridos.
Qué declaró el contratista
Durante su declaración testimonial, Matías Tabar explicó que su vínculo con Adorni no se limitaba a tareas de construcción o remodelación.
Según indicó, también cumplía funciones de intermediación entre proveedores y clientes para la adquisición de distintos elementos destinados a equipar inmuebles.
De acuerdo con su versión, participaba en la gestión de compras y coordinaba operaciones comerciales relacionadas con las propiedades involucradas.
Estas declaraciones forman parte del material incorporado al expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario.
La Justicia pidió nueva documentación
Ante las dudas surgidas en torno a la operación, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la empresa proveedora toda la documentación respaldatoria vinculada a la compra.
Por disposición del juez federal Ariel Lijo, la firma deberá informar la modalidad de pago utilizada, los datos de entrega de la mercadería, la identidad de quien retiró los productos y cualquier documentación complementaria relacionada con la transacción.
También fueron requeridos remitos, constancias bancarias y registros comerciales que permitan reconstruir el recorrido de los bienes.
Qué busca determinar la investigación
Uno de los objetivos principales de la causa es establecer si los artículos adquiridos fueron destinados a una propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz o a un departamento adquirido posteriormente en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación también incluye otras medidas de prueba vinculadas a la situación patrimonial del funcionario.
Entre ellas figuran verificaciones sobre inversiones financieras, movimientos económicos y distintos registros que podrían aportar información relevante para el expediente.
La Justicia continuará reuniendo documentación y testimonios para determinar las circunstancias de la operación y esclarecer si existió algún tipo de irregularidad vinculada a la compra bajo análisis.