La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en la redacción de un extenso requerimiento para intimar al funcionario a que explique el origen de su patrimonio, luego de que surgieran dudas sobre la correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que posee.
La medida representa un paso clave dentro de la investigación y podría derivar en una futura declaración indagatoria. Antes de avanzar, la fiscalía espera los resultados de un peritaje contable solicitado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente de la Procuración General de la Nación.
Según trascendió, los investigadores buscan determinar con precisión el posible desfasaje entre los ingresos declarados por Adorni y el valor de los bienes bajo análisis. Paralelamente, también se realiza un estudio sobre operaciones vinculadas a criptomonedas y la trazabilidad de fondos que habrían sido utilizados por el funcionario.
Uno de los puntos que genera interrogantes en la causa es que Adorni aún no presentó su última declaración jurada patrimonial. El documento continúa pendiente pese a que semanas atrás tanto el propio funcionario como el presidente Javier Milei habían anticipado públicamente que sería presentada en el corto plazo.
Una vez que sea formalmente notificado, el jefe de Gabinete deberá aportar documentación y explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si la fiscalía considera satisfactorias esas respuestas, el expediente podría cerrarse sin mayores consecuencias. En caso contrario, el fiscal avanzaría con el pedido de declaración indagatoria.
La investigación patrimonial no es el único frente judicial que enfrenta el funcionario. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo lleva adelante otra causa relacionada con contratos de coproducción celebrados entre la TV Pública y la productora Imhouse, perteneciente al empresario Marcelo Grandio, señalado como una persona cercana a Adorni.
Dentro de ese expediente, la Justicia analiza presuntas transferencias de dinero realizadas desde la empresa hacia el actual jefe de Gabinete antes de su llegada al Gobierno nacional. Como parte de las medidas de prueba, se ordenó el análisis de llamadas telefónicas y datos de geolocalización para reconstruir los vínculos entre los involucrados y determinar si existieron posibles incompatibilidades con la función pública o recepción de beneficios indebidos.
En los tribunales de Comodoro Py estiman que la definición sobre una eventual citación a indagatoria podría conocerse antes del inicio de la feria judicial de invierno. Mientras tanto, los investigadores aguardan la finalización de las últimas pericias para avanzar con los próximos pasos de ambas causas.