La Ley de Etiquetado Frontal volvió a quedar en el centro de la discusión política luego de que legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaran un proyecto para derogarla. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, que además trabaja en un nuevo sistema de rotulado alineado con los criterios utilizados por el Mercosur.
La norma, aprobada en 2021, obliga a que los alimentos y bebidas exhiban octógonos negros cuando contienen exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Su objetivo es brindar información clara a los consumidores y promover hábitos alimentarios más saludables.
Los impulsores de la derogación sostienen que el sistema actual genera confusión y termina estigmatizando a determinados productos. El diputado libertario Alejandro Bongiovanni afirmó que la ley representa un “exceso de paternalismo” y cuestionó que los sellos funcionen como una señal que “demoniza” a los alimentos ultraprocesados en lugar de informar objetivamente.
Entre los argumentos presentados también se menciona que el etiquetado no logró incentivar cambios significativos en la industria alimenticia y que la gran cantidad de productos alcanzados por los octógonos redujo el impacto informativo de la medida. Además, señalan que las diferencias regulatorias dentro del Mercosur generan mayores costos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas que exportan.
Desde distintos sectores vinculados a la nutrición y la salud pública, en cambio, cuestionan la intención de eliminar la ley. Especialistas sostienen que los sellos permiten a los consumidores conocer de manera rápida el contenido nutricional de los productos y advierten que su derogación implicaría un retroceso en materia de información alimentaria.
Mientras el debate comienza a instalarse nuevamente en el Congreso, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación de la normativa vigente y abrir paso a un nuevo esquema de etiquetado.