El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió a la serie de amenazas detectadas en distintos establecimientos educativos de la provincia y confirmó que ya se encuentra en vigencia un protocolo específico para actuar ante este tipo de situaciones, en medio de un escenario que genera preocupación en la comunidad.
Según explicó el mandatario, las intimidaciones —que en varios casos aparecieron como graffitis o mensajes escritos dentro de las instituciones— no son hechos aislados, sino que se vienen registrando en distintas provincias del país. En ese contexto, señaló que el Gobierno decidió avanzar de manera coordinada con el Ministerio de Educación para dar una respuesta inmediata.
“El objetivo es garantizar seguridad y llevar tranquilidad a las familias”, sostuvo Sadir en declaraciones recientes, al tiempo que remarcó la necesidad de reforzar la prevención dentro de cada escuela. En esa línea, pidió a directivos, docentes y personal no docente mantener una vigilancia activa sobre el desarrollo de las actividades diarias.
El gobernador también apuntó al rol de las familias y solicitó un mayor acompañamiento en el seguimiento de niños y adolescentes, especialmente en lo que respecta a su comportamiento y entorno. “Es importante que los padres estén atentos a lo que hacen sus hijos”, planteó.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza en paralelo. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que existen actuaciones en curso por mensajes intimidatorios detectados en al menos cinco ciudades de la provincia: Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy.
En ese marco, este viernes se realizó un allanamiento en una vivienda de la capital jujeña, procedimiento encabezado por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1. Durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables.
Los hechos son investigados bajo la figura de intimidación pública, un delito contemplado en el Código Penal que prevé penas de entre dos y seis años de prisión. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
