La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos vinculados a movimientos de dinero y viajes realizados junto a un empresario con contratos con el Estado. El caso es llevado adelante en el juzgado federal de Ariel Lijo, donde se analizan posibles irregularidades en la relación entre el funcionario y el productor Marcelo Grandio.
De acuerdo a la información incorporada a la causa, se detectaron diez transferencias realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 desde la productora de Grandio hacia cuentas personales de Adorni, por un total de $1.670.900. Si bien estos movimientos son anteriores a su ingreso a la función pública, la investigación se centra en el vínculo entre ambos y en hechos posteriores a su designación.
El expediente se originó a partir de un viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Según su declaración pública, el funcionario aseguró haber pagado los pasajes, pero en la causa judicial se incorporó el testimonio de Vanesa Tossi, representante de la empresa intermediaria en la contratación del vuelo.
La testigo indicó bajo juramento que el costo total del viaje fue abonado por Grandio y que el propio empresario manifestó su intención de invitar a una familia para reducir gastos. Además, señaló que la facturación del servicio se realizó a nombre de Imhouse, la productora vinculada al empresario, que actualmente mantiene contratos vigentes con la TV Pública.
A partir de estos elementos, la Justicia busca determinar si existió algún tipo de contraprestación entre los servicios brindados y los vínculos comerciales posteriores. En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita también investiga la evolución patrimonial del funcionario, incluyendo otros viajes realizados en los últimos años.
Entre ellos, se analizan las vacaciones familiares en Aruba entre fines de 2024 y principios de 2025, ya durante su gestión, así como registros migratorios, datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y comunicaciones entre los involucrados.
El objetivo de la investigación es establecer si existe relación entre los movimientos económicos detectados, los viajes realizados y los contratos otorgados a la productora, en un contexto que permanece bajo análisis judicial.
Por el momento, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas, sin definiciones judiciales, mientras se profundiza el cruce de información para determinar responsabilidades.