Una nueva amenaza de violencia escolar volvió a encender la alarma en Jujuy, luego de que se encontrara un mensaje intimidatorio en la Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”, ubicada en el barrio Santa Rosa de San Salvador.
La advertencia fue detectada en uno de los baños del establecimiento, donde apareció escrita en la pared la frase “Tiroteo el 24/4”, lo que generó preocupación entre directivos, docentes, alumnos y familias, ya que fija una fecha concreta para un posible ataque.
Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad de la provincia. En ese marco, se dio intervención a la fiscalía de turno, que inició actuaciones para determinar el origen del mensaje e identificar a los posibles responsables, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y peritajes dentro del edificio escolar.
En paralelo, se reforzaron las medidas preventivas dentro de la institución, con especial foco en el control de accesos y la revisión de mochilas, una práctica recomendada para evitar el ingreso de elementos peligrosos. También se dispuso la intervención de equipos de Bienestar Estudiantil, que trabajan con los alumnos para contener la situación, reducir la ansiedad y detectar posibles conflictos que puedan haber derivado en este tipo de conductas.
El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares en distintas instituciones educativas. Sin ir más lejos, durante la jornada del jueves se desplegó un importante operativo en Libertador General San Martín, luego de que un mensaje de características similares fuera detectado en la Escuela Técnica “Herminio Arrieta”, lo que obligó a reforzar controles y activar el mismo tipo de protocolo.
Desde las autoridades recordaron que este tipo de hechos no son considerados bromas, sino que encuadran dentro del delito de intimidación pública. En ese sentido, advirtieron que la Justicia interviene con la misma seriedad que ante una amenaza real, y que los responsables pueden enfrentar consecuencias penales, además de sanciones dentro del ámbito escolar.
En el caso de menores de edad, la responsabilidad también puede alcanzar a los padres o tutores, quienes podrían ser obligados a responder por los costos que genera la activación de operativos de seguridad y la interrupción de las actividades educativas.
Ante este escenario, se reiteró el pedido a las familias para acompañar a los estudiantes y supervisar el uso de redes sociales y grupos de mensajería, donde suelen circular desafíos o conductas imitativas que derivan en este tipo de situaciones. Las autoridades remarcaron que prevenir estos hechos es clave para evitar consecuencias que pueden afectar tanto el presente como el futuro de los involucrados.