La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con su aplicación, que incluye la actualización de salarios docentes, becas y programas de investigación.
El fallo confirma la medida cautelar dictada en primera instancia y surge a partir de una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a distintas universidades del país.
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, remarcó que la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras, tras el veto inicial del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, los magistrados cuestionaron la decisión del Gobierno de suspender su aplicación mediante un decreto, bajo el argumento de la falta de definición de fuentes de financiamiento.
Al analizar el caso, los jueces plantearon que no corresponde que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la aplicación de una ley vigente del Congreso apoyándose en otra normativa de igual jerarquía.
Además, señalaron que no se observa una afectación al interés público por la implementación de la ley, sino que, por el contrario, su incumplimiento impacta directamente en el derecho a enseñar y aprender.
El conflicto por el financiamiento universitario se remonta a 2024, cuando el Congreso sancionó la norma para garantizar la actualización automática de los presupuestos del sistema universitario y la recomposición salarial.
Tras el veto presidencial, la ley fue ratificada por el Congreso, lo que la dejó en plena vigencia. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignar partidas presupuestarias para su ejecución.
Desde el Ejecutivo sostienen que la norma no establece de manera clara las fuentes de financiamiento y advierten sobre su posible impacto fiscal.
En este contexto, el juez federal Martín Cormick ya había ordenado suspender el decreto que frenaba la aplicación de la ley y dispuso que el Gobierno debía avanzar con las actualizaciones previstas.
Mientras tanto, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario, aunque todavía no fue tratado.
En paralelo, universidades como la UBA reclamaron el cumplimiento de la ley y advirtieron que el presupuesto vigente no contempla los recursos necesarios para su implementación.
Desde el sector universitario sostienen que la aplicación de la norma permitiría garantizar el funcionamiento del sistema en áreas clave como la docencia, la investigación, la salud y la extensión.