El régimen de los talibanes volvió a quedar en el centro de la polémica mundial tras la aprobación de un nuevo código penal en Afganistán que, según denuncian organismos internacionales, institucionaliza la desigualdad de género y normaliza la violencia doméstica.
La normativa, aprobada a comienzos de 2026, fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por Naciones Unidas, que advirtieron que consolida un sistema legal que deja a mujeres y niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
Qué establece la nueva normativa
De acuerdo a los informes confirmados por medios internacionales y entidades de derechos humanos, el nuevo código:
Permite que los maridos o jefes de familia ejerzan castigos físicos contra sus esposas e hijos, siempre que no provoquen lesiones graves visibles como fracturas.
Establece penas leves para casos de violencia doméstica comprobada, que pueden reducirse a pocos días o semanas de prisión.
Criminaliza conductas de las mujeres como visitar a familiares sin autorización del esposo o negarse a regresar al hogar cuando él lo exige.
No incorpora definiciones claras ni mecanismos sólidos de protección frente a violencia psicológica o sexual dentro del ámbito familiar.
Especialistas advierten que el texto legal otorga un amplio margen de autoridad al hombre dentro del hogar y dificulta que las mujeres puedan denunciar o acceder a justicia efectiva.
Un contexto de restricciones crecientes
Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las mujeres afganas han sido progresivamente excluidas de la educación secundaria y universitaria, del empleo público y de múltiples espacios de participación social.
El nuevo código penal no introduce estas restricciones, pero las consolida dentro de un marco legal formal, lo que según analistas profundiza lo que ya es considerado por distintos organismos como un sistema de “apartheid de género”.
Reacción internacional
La Organización de las Naciones Unidas y diversas ONG internacionales expresaron su preocupación y exigieron la revisión de la normativa, señalando que contradice compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Para la comunidad internacional, el problema no es solo el contenido de las disposiciones, sino el impacto estructural que tienen en una sociedad donde las mujeres ya enfrentan severas limitaciones para estudiar, trabajar y circular libremente.