En una sesión cargada de tensión y fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos graves. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser debatida en el Senado de la Nación.
El tratamiento se extendió durante varias horas en el recinto del Congreso de la Nación Argentina y volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre seguridad, responsabilidad penal juvenil y políticas de prevención.
Qué cambia con el nuevo proyecto
La propuesta contempla que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser penalmente responsables en casos de delitos graves. Según el texto aprobado, el nuevo régimen combinaría sanciones penales con medidas socioeducativas, con el objetivo —según sus impulsores— de generar un esquema “más moderno y acorde a la realidad actual”.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca actualizar una legislación vigente desde la dictadura y brindar herramientas al sistema judicial frente a hechos delictivos cometidos por menores. En ese marco, sectores alineados con el presidente Javier Milei celebraron la media sanción y la definieron como un paso clave en materia de seguridad.
Posturas encontradas
La oposición, en tanto, cuestionó duramente el proyecto y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el problema de fondo. Legisladores críticos señalaron la falta de inversión en políticas sociales, educación y contención como una de las principales falencias estructurales.
Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez también manifestaron reparos, al considerar que la reforma podría profundizar la vulnerabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal si no se garantiza un sistema adecuado de protección y reinserción.
Ahora, el turno del Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasará al Senado, donde se anticipa un nuevo debate intenso. Allí podría sufrir modificaciones o incluso quedar frenado, dependiendo del nivel de consenso político que logre reunir.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda pública, en un contexto donde la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales.
