La Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que la ex dirigente social Milagro Sala cumpla en una cárcel la condena por corrupción que pesa sobre ella.
Sala permanece con prisión domiciliaria desde 2017, pese a tener una sentencia firme por delitos como asociación ilícita, fraude contra la administración pública, extorsión, amenazas y otros hechos vinculados a su rol como líder de la organización Tupac Amaru.
En un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que Sala habría incumplido condiciones de la domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial. Según indicaron, esa situación activó el sistema de monitoreo y llevó a implementar nuevas medidas de control.
Desde el área nacional remarcaron que la ex dirigente cuestionó el accionar judicial y lo calificó como “hostigamiento”, aunque el texto oficial sostiene que se busca “invertir la carga de los hechos” para sostener un beneficio.
Además, el comunicado afirmó que Argentina “cumple con sus obligaciones internacionales” y cuestionó la intervención del organismo internacional, al considerar que la medida se transformó en un privilegio que mantiene a una persona condenada fuera de una unidad penitenciaria.
En el mismo documento, el Gobierno remarcó que la política de la administración de Javier Milei apunta a eliminar beneficios para condenados con sentencias firmes, especialmente en casos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos.