Delcy Rodríguez completó su primer mes como presidenta encargada de Venezuela en un contexto político excepcional, atravesado por una reconfiguración del poder y un proceso de transición que mantiene en alerta tanto a la región como a los principales actores internacionales.
Su llegada al Ejecutivo se dio tras la detención del expresidente Nicolás Maduro, un hecho que modificó de manera abrupta el escenario institucional del país y obligó a las autoridades a reorganizar el funcionamiento del Estado. Desde entonces, el gobierno interino buscó consolidar una conducción política que garantice gobernabilidad y contención social.
Durante estas primeras semanas, la gestión de Rodríguez avanzó en decisiones orientadas a recomponer el diálogo interno, revisar situaciones judiciales de alto impacto y reordenar áreas clave de la administración pública. Algunas medidas incluyeron anuncios vinculados a reformas económicas y señales de apertura en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito energético.
En paralelo, se registraron movimientos dentro de las estructuras de seguridad y del sistema judicial, con investigaciones y detenciones que apuntan a figuras asociadas a la etapa anterior del poder. Estos pasos fueron interpretados por analistas como intentos de marcar un quiebre con el ciclo previo y ganar legitimidad interna.
El escenario internacional sigue siendo determinante. La administración encargada enfrenta presiones diplomáticas, expectativas de cambio y observación constante por parte de organismos y gobiernos extranjeros, mientras sectores opositores y sociales reclaman definiciones claras sobre el futuro institucional del país.
A un mes de iniciada esta etapa, Venezuela continúa transitando un período de alta incertidumbre política, donde cada decisión del Ejecutivo interino se vuelve clave para definir el rumbo de la transición.