El Congreso retomó actividad esta semana en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo buscará avanzar con proyectos clave impulsados por el presidente Javier Milei. Si bien el eje principal del temario será la reforma laboral, el Gobierno decidió sumar otro tema de alto impacto político y social: el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la intención de reducir la edad de imputabilidad a 13 años.
En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una reunión de jefes de bloques para este miércoles a las 14, con el objetivo de definir el cronograma de trabajo parlamentario para febrero y ordenar el funcionamiento de comisiones.
Según trascendió desde distintos espacios, el encuentro no tendría un temario cerrado, sino que estaría orientado a establecer cómo se organizarán las discusiones y cuál sería la fecha de la primera sesión extraordinaria del año.
Extraordinarias: reforma laboral, glaciares y régimen juvenil
Dentro del oficialismo, la prioridad sigue siendo la reforma laboral, que iniciará su debate en el Senado. En paralelo, también aparece en agenda la discusión sobre la Ley de Glaciares, otro de los temas que la Cámara Alta trataría en el comienzo de las extraordinarias.
Sin embargo, el Régimen Penal Juvenil comenzará su recorrido en Diputados, lo que anticipa un debate intenso con sectores opositores y bloques aliados que ya adelantaron reparos.
Baja de imputabilidad: el debate que divide al Congreso
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años abre un fuerte debate interno en el Parlamento. Algunos legisladores sostienen que podría ser una herramienta para combatir el delito juvenil, mientras que otros advierten que el problema no se resuelve solo con sanciones penales.
En el centro de la discusión aparecen puntos sensibles: las garantías para menores, la infraestructura disponible, la formación de equipos especializados, la capacidad del Estado para implementar programas de reinserción y el financiamiento real de lo que exige una reforma de esta magnitud.
“No se trata únicamente de castigar, sino de generar un proceso que evite que el delito vuelva a ocurrir”, expresaron desde sectores dispuestos a debatir el proyecto, aunque con condiciones.
Diferencias incluso entre aliados
Las objeciones no solo llegan desde la oposición. Incluso dentro de espacios considerados cercanos al Gobierno existen posturas divergentes. En el PRO, por ejemplo, hay sectores que plantean que la imputabilidad debería fijarse en 14 años, y argumentan que no hay consenso suficiente en el plano médico y psicológico respecto a la madurez de chicos de 12 o 13 años para comprender plenamente las consecuencias penales de sus actos.
Con el cronograma parlamentario en definición, la discusión promete convertirse en uno de los ejes más sensibles de las extraordinarias, por el impacto social y por la dificultad de reunir consensos.