
La Justicia de Jujuy avanzó en el estremecedor caso de crueldad animal ocurrido en San Pedro, donde una mujer de 62 años fue acusada de mutilar a su perra preñada con una cuchilla de afeitar, provocando la muerte del animal y de sus cachorros.
En una audiencia realizada el pasado martes 2 de septiembre, la Jueza Ambiental María Laura Flores resolvió dictar la prisión preventiva por 15 días contra la imputada, identificada como E.R.D., quien quedó alojada en el Servicio Penitenciario de la provincia. La mujer enfrenta cargos por el delito de “Crueldad Animal”, previsto en la Ley 14.346 y el Código Penal argentino.
La magistrada también estableció un plazo de cuatro meses para la Investigación Penal Preparatoria, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal. En la audiencia que se desarrolló de manera virtual participaron el Ayudante Fiscal Esteban López y el Defensor Público Penal subrogante, Juan Pablo Canetti.
El proceso judicial comenzó el 28 de agosto, tras la denuncia presentada por la presidenta de una asociación protectora de animales. La dirigente tomó conocimiento del caso mediante un video grabado por vecinos, donde se veía a la acusada provocando lesiones a la perra.
De acuerdo al testimonio de los vecinos, la mascota vivía atada, pasaba hambre y era alimentada por terceros. La denunciante también informó que logró rescatar a otro perro mestizo que estaba en poder de la acusada.
Un testigo presencial relató que la mujer justificó sus acciones asegurando que seguía “indicaciones de un veterinario para extraer las crías”, lo que derivó en la muerte de la perra.
Durante la audiencia, el fiscal pidió 30 días de prisión preventiva, pero la jueza resolvió fijarla en 15 días efectivos, mientras avanza la investigación. Por su parte, la defensa solicitó que se aplicaran medidas alternativas en lugar de la detención, argumentando que la prisión era una medida demasiado gravosa.
Este caso vuelve a poner en debate la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal en Argentina, ya que la Ley 14.346 que rige desde 1954 sigue siendo cuestionada por su falta de actualización frente a la gravedad de estos hechos.
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