El fiscal Ramiro González pidió que el expresidente enfrente un juicio oral por lesiones agravadas, amenazas y coacciones contra la ex primera dama. Podría recibir hasta 18 años de prisión.
El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por la causa de violencia de género que le inició su expareja, Fabiola Yáñez. El pedido, presentado ante el juez Julián Ercolini, sostiene que la investigación está cerrada y que el exmandatario debe “sentarse en el banquillo” para responder por delitos que podrían significar entre 3 y 18 años de cárcel.
De concretarse, sería el primer expresidente argentino en afrontar un juicio por violencia de género, un hecho que marca un precedente judicial y político en el país.
Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo, el contexto de violencia de género, el abuso de poder y las amenazas coactivas. También se le imputan coacciones para evitar que Yáñez realizara la denuncia.
La fiscalía sostiene que la violencia se ejerció “de manera sistemática” desde 2016 y continuó incluso después de que Fernández dejara la Casa Rosada. Los episodios incluyeron acoso, hostigamiento, insultos, control extremo, ninguneo y hostilidad.
Entre las pruebas figuran fotografías, difundidas en 2023, que muestran lesiones en el brazo y el ojo derecho de Yáñez, enviadas por ella misma a la secretaria presidencial. Además, peritajes forenses extrajeron mensajes de teléfonos y dispositivos vinculados a Fernández, catalogados como “terrorismo psicológico” y “reconoce violencia”.
La querella que representa a Yáñez adelantó que no aceptará acuerdos ni suspensión del juicio, y reclamará una condena de 12 años de prisión. El fiscal González recordó que las coacciones incluían amenazas sobre la manutención y tenencia de su hijo en común, Francisco, lo que habría retrasado la denuncia.
Con la instrucción cerrada, la decisión final queda en manos de un tribunal oral, que deberá fijar fecha para el debate. Este caso, considerado de alto impacto en materia de derechos humanos de las mujeres, podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia argentina sobre violencia de género.
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