Este lunes, el presidente Javier Milei oficializó a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que habían sido sancionados por el Congreso: el aumento a las jubilacione, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
Mediante el Decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo justificó su decisión calificando las iniciativas como “fiscalmente irresponsables” y aseguró que violan la Ley de Administración Financiera, al no contar con fuentes de financiamiento genuinas que respalden el gasto público adicional.
El Ejecutivo centró su rechazo en dos ejes fundamentales:
🔹 Costo fiscal «exorbitante»: Según el decreto, las tres leyes implicarían un gasto adicional superior a 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026. Esto representaría el 1% del PBI este año y 1,68% en 2026, cifras que según el Gobierno comprometerían el objetivo de déficit cero, considerado “innegociable” por la gestión libertaria.
🔹 Vicios en el procedimiento legislativo: El texto presidencial también cuestiona la validez de la sesión del 10 de julio en el Senado, señalando que no fue debidamente convocada y que los proyectos fueron aprobados con mayoría simple, cuando afirma se requería mayoría especial de dos tercios. Esta supuesta irregularidad sería, según el decreto, motivo de nulidad legislativa.
* Jubilaciones: Establecía un aumento de emergencia del 7,2%, un bono mensual de $110.000 (ajustable por inflación) y transferencias automáticas a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
* Moratoria previsional: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo jubilarse sin 30 años de aportes, y flexibilizaba el acceso a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
* Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en el área hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva y establecía compensaciones económicas para prestadores del sistema.
Ahora, la decisión presidencial devuelve la discusión al Congreso Nacional, donde la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir con la aprobación y convertir los proyectos en ley por encima del veto presidencial.
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