EJESA y Agua Potable Entre las Empresas Sancionadas por Cargar Tasas Municipales en Facturas

El Gobierno nacional ha imputado a 95 empresas por incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, lo que representa una violación de la resolución 267/2024, que establece que solo los conceptos directamente relacionados con el servicio contratado pueden figurar en los comprobantes. Entre las compañías afectadas se encuentran EJESA y Agua Potable, en relación con los cobros realizados en el municipio de San Pedro de Jujuy. Las sanciones que se aplicarán pueden superar los $2.000 millones.

Esta medida, impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y eliminar los cargos indebidos en las facturas. En total, se han abierto 244 expedientes vinculados a estas imputaciones, correspondientes a localidades de diversas provincias, incluidas la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, San Juan, y Santa Fe, entre otras.

La resolución 267/2024, que entró en vigor el 11 de octubre, prohíbe a los proveedores de servicios públicos cobrar conceptos como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas, ya que estos no están directamente relacionados con el contrato entre el proveedor y el consumidor. La norma también establece que cualquier incumplimiento será sancionado bajo el régimen de penalidades de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para presentar su descargo. De no cumplir con la normativa, enfrentarán multas de hasta $2.130 millones, según lo dispuesto por la ley. Hasta el momento, se han recibido 2.705 denuncias a través del canal habilitado por el Gobierno, *denunciatufactura@comercio.gob.ar*, y se espera que continúen las investigaciones en todo el país.

En Jujuy, las empresas EJESA y Agua Potable S. E. fueron imputadas por sus cobros indebidos en el municipio de San Pedro. Estos sumarios forman parte de una serie de acciones destinadas a proteger los derechos de los consumidores y garantizar una facturación transparente y justa.


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