La Legislatura de Jujuy aprobó la declaración de emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada mediante un decreto acuerdo del Poder Ejecutivo, fue sancionada como Ley N.º 6521 durante la décima sesión ordinaria.
La medida busca brindar herramientas al Gobierno provincial para afrontar el impacto de los costos de la energía y las tarifas sobre usuarios y contribuyentes. Su aprobación se produjo en una jornada parlamentaria en la que también se sancionaron modificaciones relacionadas con el Ministerio Público de la Defensa y la promoción de microempresas.

La emergencia energética en Jujuy fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial durante la sesión del jueves 19 de noviembre, encabezada por el vicegobernador Alberto Bernis y con la presencia de 47 legisladores.
La declaración tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y quedó establecida mediante la Ley N.º 6521, que ratifica el decreto acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo.
Durante el tratamiento legislativo, el diputado Adriano Morone fundamentó la necesidad de contar con herramientas para mitigar el impacto que los costos energéticos y las tarifas generan sobre los usuarios y contribuyentes de la provincia.
La sanción se produce en un contexto de preocupación por el peso de los servicios públicos en los presupuestos familiares y en los costos de funcionamiento de comercios y actividades productivas.
Sin embargo, la declaración de emergencia no implica por sí misma una reducción automática de las facturas ni el congelamiento de las tarifas. Para establecer qué medidas concretas podrán aplicarse es necesario analizar las disposiciones de la ley y las decisiones administrativas que se adopten en su implementación.
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron otras dos normas: la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, identificada como Ley N.º 6522, y la modificación de la Ley de Promoción de la Microempresa, sancionada como Ley N.º 6523.
La Legislatura también analizó el financiamiento de la Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 9, aunque ese expediente regresó a comisión y no obtuvo aprobación definitiva.
