Siufi negó haber censurado a un medio jujeño, pero admitió un error político tras la difusión de un audio

El secretario de Comunicación del Gobierno de Jujuy, Alberto Siufi, rechazó las acusaciones de censura contra el semanario El Expreso después de que se difundiera un audio en el que solicitaba modificar una publicación periodística. El funcionario reconoció que su intervención fue políticamente desacertada, aunque sostuvo que no existieron amenazas ni una orden para impedir la circulación del medio.

La controversia también involucra la presunta interrupción de publicidad oficial después de que el semanario mantuviera la nota cuestionada. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció presiones gubernamentales, mientras el gobernador Carlos Sadir respaldó a Siufi y atribuyó los cambios en la pauta a una reorganización presupuestaria.

La denuncia de censura en Jujuy generó una controversia entre el Gobierno provincial, el semanario El Expreso y organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa.

El conflicto se originó a fines de octubre, cuando responsables del medio recibieron comunicaciones de funcionarios provinciales relacionadas con una nota de tapa sobre las repercusiones políticas de la interpelación al ministro de Turismo, Federico Posadas, y las tensiones internas del oficialismo.

De acuerdo con el relato presentado por el semanario ante FOPEA, el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, envió un mensaje de audio solicitando que se retirara la publicación. El medio decidió mantener el contenido y publicó la edición prevista.

Posteriormente, sus responsables denunciaron que dejaron de recibir la publicidad oficial que habitualmente incorporaban en sus ediciones. Consideraron que la interrupción podía constituir una represalia por no haber aceptado el pedido de modificar la tapa.

FOPEA cuestionó ambas situaciones y expresó su preocupación por lo que consideró un intento de censura previa y un posible uso de la pauta publicitaria como mecanismo de presión.

La explicación de Siufi y la postura de Sadir

Después de que el audio tomara estado público, Siufi reconoció haber realizado el pedido, aunque rechazó que se tratara de una amenaza o una imposición.

El funcionario sostuvo que se había comunicado con el editor apelando a una relación personal y admitió haber actuado con impericia política. También descartó presentar su renuncia y negó que el gobernador le hubiera ordenado intervenir sobre el contenido periodístico.

Respecto de la publicidad oficial, el Gobierno sostuvo que las modificaciones respondieron a una readecuación presupuestaria y a criterios técnicos de distribución, no a represalias contra el semanario.

Carlos Sadir respaldó públicamente al secretario de Comunicación y rechazó las acusaciones de censura. El mandatario también señaló que los cambios en la pauta formaban parte de un reacomodamiento de recursos provinciales.

La discusión sobre la libertad de prensa

La controversia plantea dos cuestiones diferentes que deben analizarse de manera separada: el pedido de un funcionario para modificar una publicación periodística y la posterior reducción o interrupción de publicidad oficial.

El Gobierno reconoce que existió una comunicación sobre la nota, pero rechaza que haya constituido una presión indebida. Por su parte, el medio denunciante y FOPEA consideran que los hechos afectaron la independencia editorial.

En cuanto a la pauta, la posición oficial es que su distribución depende de criterios presupuestarios y técnicos. La denuncia sostiene que la modificación estuvo relacionada con la decisión del semanario de publicar el contenido cuestionado.

La información disponible permite establecer que existió el pedido de modificación de la nota y que hay versiones enfrentadas sobre sus consecuencias. Sin embargo, no permite afirmar que una autoridad judicial haya determinado la existencia de censura o represalias.

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