El Gobierno nacional avanza en negociaciones con Estados Unidos para reemplazar progresivamente equipamiento tecnológico de origen chino utilizado en redes estatales. La iniciativa contempla una revisión de los sistemas informáticos y la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad.
Washington prevé destinar hasta 13,9 millones de dólares durante tres años para desarrollar el programa. Sin embargo, Argentina deberá afrontar gran parte de los costos relacionados con la adquisición de nuevos equipos y el funcionamiento de la infraestructura.
El acuerdo con Estados Unidos que negocia el Gobierno de Javier Milei contempla una transformación de la infraestructura tecnológica utilizada por distintos organismos nacionales. El proyecto busca sustituir progresivamente determinados equipos de origen chino y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar y responder a ataques informáticos.
La iniciativa forma parte de las conversaciones entre Buenos Aires y Washington sobre seguridad tecnológica y protección de infraestructura crítica. Uno de sus principales componentes será la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad que permita supervisar las redes gubernamentales.
El programa todavía se encuentra en una etapa de negociación y planificación. Por lo tanto, no implica que todos los equipos identificados hayan sido reemplazados ni que el nuevo centro esté funcionando.
Según la información difundida este sábado 10 de octubre, el Departamento de Estado estadounidense contempla un financiamiento máximo de 13.912.185 dólares, destinado a desarrollar el proyecto durante un período de hasta 36 meses.
Qué contempla el acuerdo con Estados Unidos
El proyecto tiene dos objetivos principales: revisar la infraestructura informática del Estado argentino y establecer un sistema centralizado para monitorear posibles amenazas digitales.
La primera etapa consistirá en identificar los equipos, programas y sistemas utilizados por diferentes organismos públicos.
Ese relevamiento permitirá determinar qué dispositivos son considerados sensibles, cuáles requieren controles adicionales y qué componentes podrían ser sustituidos.
El procedimiento también deberá contemplar la continuidad de los servicios públicos. Por ese motivo, la planificación incluye mecanismos para retirar o aislar determinados equipos sin interrumpir el funcionamiento de sistemas esenciales.
El segundo componente será el desarrollo de herramientas para detectar incidentes informáticos y coordinar respuestas entre distintas dependencias estatales.
Por qué el Gobierno busca reemplazar tecnología china
Uno de los puntos centrales de las negociaciones es la utilización de equipamiento fabricado por empresas chinas en las redes gubernamentales.
Entre los proveedores mencionados aparece Huawei, cuyos dispositivos forman parte de determinadas infraestructuras de comunicaciones.
Estados Unidos sostiene que la utilización de tecnología de ciertos proveedores chinos en sistemas estratégicos puede representar riesgos para la seguridad nacional.
Sin embargo, estas advertencias forman parte de una controversia internacional.
China rechaza las acusaciones estadounidenses y cuestiona que se utilicen argumentos de seguridad para restringir la participación de sus empresas tecnológicas.
La Embajada china en Argentina también manifestó su rechazo a los cuestionamientos formulados desde Washington y advirtió sobre las consecuencias de trasladar la competencia entre ambas potencias a terceros países.
Hasta el momento, la información disponible no permite afirmar que los equipos chinos instalados en organismos argentinos hayan sido utilizados para realizar actividades de espionaje.
Cómo funcionará el nuevo centro de ciberseguridad
El acuerdo con Estados Unidos también contempla la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
La nueva estructura funcionaría dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad argentino.
Su principal función será reunir información sobre posibles amenazas informáticas y facilitar una respuesta coordinada ante incidentes que afecten a organismos públicos.
El proyecto contempla incorporar herramientas para analizar registros de seguridad, identificar comportamientos anormales dentro de las redes y detectar posibles intentos de intrusión.
También se prevé establecer procedimientos para compartir información entre organismos y definir responsabilidades frente a eventuales ataques.
Argentina ya cuenta con un Centro Nacional de Ciberseguridad, presentado oficialmente en mayo de 2026, cuya función comprende la protección de activos digitales estratégicos, infraestructuras críticas y sistemas utilizados para prestar servicios públicos.
La iniciativa bilateral apunta a incorporar una estructura operativa de monitoreo y respuesta dentro de ese esquema institucional.
Estados Unidos aportaría hasta 13,9 millones de dólares
El financiamiento previsto por Washington constituye uno de los componentes centrales del proyecto.
El Departamento de Estado contempla una asignación máxima de 13,9 millones de dólares, con un plazo de ejecución de hasta tres años.
De ese monto, aproximadamente cinco millones de dólares estarían destinados al diseño de la arquitectura tecnológica del nuevo sistema.
El programa también incluye recursos para evaluaciones de seguridad, capacitación de especialistas y desarrollo institucional.
No obstante, existe una diferencia importante entre el financiamiento estadounidense y el costo total de la iniciativa.
Argentina deberá asumir principalmente la compra de nuevos equipos, programas informáticos y los gastos operativos del centro.
Por lo tanto, los fondos previstos por Estados Unidos no representan necesariamente el presupuesto completo que demandará la sustitución tecnológica.
Tampoco se informó públicamente el costo total que deberá afrontar el Estado argentino para completar el proceso.
Capacitación para especialistas argentinos
Otro de los componentes del programa será la formación de profesionales encargados de administrar y proteger las redes estatales.
La cooperación contempla capacitaciones para analistas e ingenieros argentinos en materia de seguridad informática.
El objetivo es desarrollar capacidades técnicas que permitan sostener el funcionamiento del nuevo centro una vez finalizada la asistencia estadounidense.
Además de incorporar equipamiento, el proyecto requiere personal especializado para interpretar alertas, investigar incidentes y coordinar respuestas ante posibles ataques.
La formación de equipos locales será necesaria para que el sistema pueda operar sin depender permanentemente de especialistas extranjeros.
El acuerdo con Estados Unidos y la relación con China
Las negociaciones se desarrollan en un contexto de acercamiento político y estratégico entre el Gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense de Donald Trump.
La seguridad tecnológica se convirtió en uno de los asuntos de interés bilateral, especialmente por la importancia que tienen las redes de comunicaciones y los sistemas informáticos en el funcionamiento del Estado.
Para Washington, la reducción de la presencia de determinados proveedores chinos en infraestructuras sensibles forma parte de sus prioridades de seguridad.
China, por su parte, mantiene una relación comercial significativa con Argentina y rechaza que sus empresas sean consideradas riesgosas por su origen.
En consecuencia, el proyecto argentino se inscribe en una discusión internacional que involucra seguridad informática, relaciones diplomáticas y competencia tecnológica.
La iniciativa no supone, por sí misma, la prohibición general de comercializar productos chinos en Argentina ni establece restricciones para los dispositivos utilizados por consumidores particulares.
Su alcance está relacionado con equipamiento e infraestructura de organismos estatales.
ARSAT prepara otra modernización tecnológica
En paralelo con las negociaciones sobre ciberseguridad, la empresa estatal ARSAT prepara un proceso de modernización de parte de su infraestructura.
La iniciativa contempla una licitación pública internacional por aproximadamente 49 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
El proyecto apunta a renovar componentes de las redes ópticas y de transmisión de datos, además de ampliar su capacidad.
Sin embargo, se trata de un procedimiento diferente del programa de cooperación en ciberseguridad.
De acuerdo con la información disponible, el futuro centro de operaciones dependerá del Centro Nacional de Ciberseguridad y no de ARSAT.
Qué falta definir para concretar el acuerdo con Estados Unidos
El avance de las negociaciones todavía deja cuestiones pendientes.
Entre ellas se encuentran la definición del cronograma de implementación, la identificación de los equipos que deberán reemplazarse y la determinación de los recursos presupuestarios que aportará Argentina.
También será necesario establecer las condiciones de funcionamiento del nuevo centro, los mecanismos de intercambio de información entre organismos y las responsabilidades institucionales.
Otro aspecto relevante será determinar cómo se protegerán los datos administrados por el sistema y qué controles se aplicarán sobre su utilización.
Por ahora, el acuerdo con Estados Unidos representa un proyecto de cooperación tecnológica en desarrollo, cuyo alcance definitivo dependerá de las condiciones que establezcan ambos gobiernos.
La iniciativa podría modificar parte de la infraestructura informática del Estado argentino, aunque todavía no existe un calendario público completo para su implementación.