El cantante Cristian “Pity” Álvarez será sometido este lunes a una nueva evaluación interdisciplinaria que será determinante para el avance del proceso judicial que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
La pericia, que estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, buscará establecer si el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral. El resultado podría definir la continuidad o la suspensión del debate.
Una pericia clave para el futuro del proceso
Álvarez será trasladado desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en Castelar, hasta la sede del Cuerpo Médico Forense, donde un equipo interdisciplinario analizará su estado de salud mental.
La defensa del músico confirmó que participará del procedimiento con dos peritos de parte para supervisar la evaluación.
El abogado Sebastián Queijeiro señaló que la jornada será determinante para el futuro de la causa.
“Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido”, expresó el defensor.
Además, indicó que el cantante atraviesa un momento complejo durante su internación y aseguró que permanecer en un establecimiento psiquiátrico no era el escenario que él deseaba.
El crimen por el que está acusado
La investigación sostiene que el 12 de julio de 2018, Pity Álvarez asesinó de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.
De acuerdo con la acusación, luego del ataque el músico escapó del lugar, arrojó el arma utilizada en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.
Días después se entregó voluntariamente a la Policía.
En ese momento, frente a los medios, pronunció una de las frases que marcó la causa:
“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.
La imputación que enfrenta
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, de 54 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La decisión que surja de la pericia médica será clave para determinar si el juicio puede avanzar normalmente o si deberá permanecer suspendido hasta que el acusado sea considerado apto para afrontar el proceso judicial.